"El secretario general del PSOE de Almería no está imputado, ha dado todas las explicaciones y hoy dará una rueda de prensa".
Con estas palabras se despachaba a primera hora de ayer el diputado socialista por Málaga, Miguel Ángel Heredia, en una comparecencia en el Congreso ante los medios de comunicación. Todo ello tras publicarse de forma destacada en las páginas digitales y en los periódicos de papel de toda España, dedicadas a las habituales crónicas sobre la corrupción política, la misma información que avancé el pasado domingo 11 de octubre en mi artículo semanal de Ideal de Almería. Que la Policía Judicial de la Guardia Civil imputaba un delito más a José Luis Sánchez Teruel en el contexto del ´Caso Marismas´. Efectivamente, a los delitos de “Tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el ejercicio de su función; delito de fraudes y exacciones ilegales; delito de coacciones, y pertenencia a Grupo Organizado” que se explicitaron por la GC contra el diputado socialista por Almería en un primer informe el pasado mes de mayo, ahora se ha ampliado la acusación a un delito más, el de “malversación de caudales públicos”, todo ello dentro de un extenso informe ampliatorio elevado el pasado 30 de septiembre por la PolicÍa Judicial de la GC al Magistrado instructor Juan Gutiérrez Casillas.
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| J.L.Sánchez Teruel fabricando chorizos en una matanza. (Img de Facebook) |
Casi al mismo tiempo de conocerse esta nueva acusación contra el SG del PSOE de Almería, por sus presuntas actividades delictivas en 2009, siendo Director General en Agricultura a las órdenes del almeriense Martín Soler, Susana Díaz y su número dos en el partido, Juan Cornejo, nombraban a Teruel Coordinador General del PSOE-A, con silla de pleno derecho en la Comisión Ejecutiva Regional del Partido, máximo órgano de gobierno del PSOE-A. Un cargo que con antelación ocuparon la propia Susana Díaz y Juan Pablo Durán, actual Presidente del Parlamento de Andalucía.
Es conveniente recordar que el llamado ´Caso Marismas´, donde se investiga el destino de 40 millones de fondos europeos para mejoras de los regadíos del Bajo Guadalquivir en Sevilla, es un asunto que desde hace más de dos años sigue con lupa desde Bruselas la Olaf, oficina antifraude de la Unión Europea, que realizó un demoledor informe sobre el terreno que, en su momento, aportó al Juez instructor del caso, solicitando al mismo tiempo que se mantuviese informada a la Comisión Europea del resultado final de las investigaciones judiciales para obrar en consecuencia. Estamos pues ante un seguimiento europeo muy singular que parece que no se da en otros casos de corrupción en España.
Miguel Ángel Heredia tenía razón en sus afirmaciones de ayer en el Congreso, pero sólo a medias. Cierto que Sánchez Teruel “ha dado explicaciones”, pero hace dos años y ejerciendo su derecho de réplica ante la primera información que publiqué sobre este escándalo. En esa “explicación” desmentía absolutamente todo e incluso afirmaba literalmente esto: “Que es inexacto y no se ajusta a la verdad, como afirma D. José Manuel Fernández Fernández, que exista un sumario judicial abierto por corrupción donde se esté investigando a D. José Luis Sánchez Teruel o se mencione a este como integrante de una trama de supuestas presiones (y comisiones), en relación con las obras de modernización de regadíos de la comunidad de regantes de las marismas.” A la marcha actual de la instrucción hay que remitirse para valorar la veracidad o falsedad de aquellas afirmaciones de octubre de 2013 del dirigente socialista.
El diputado Heredia, demostrando gran desconocimiento y cierta improvisación sobre el tema, olvidó también ayer algo importante al anunciar la supuesta disposición de su compañero de partido a explicarse públicamente en rueda de prensa (algo que finalmente no sucedió).
Una vez disuelto el Parlamento, antes del verano, la Guardia Civil localizó y llamó a José Luis Sánchez Teruel considerando que “ya no tenía la condición de aforado” para invitarle a prestar declaración voluntaria sobre los cinco delitos que policialmente se le imputaban desde mayo. Fue entonces cuando Sánchez Teruel respondió al policía judicial “con voz trémula pero airadamente" con esta contundente frase:
-“¿Y Ud no sabe que yo estoy aforado?” a lo que el policía le respondió que lo desconocía.
-“Pues sí, sigo estando aforado, porque soy vocal sustituto de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía”.
Así, quien tantas ganas manifiesta en público en favor de la transparencia y de explicar su inocencia en este asunto, se escabulló de declarar en la instrucción, tal y como se hace constar en las diligencias policiales.
De manera que el PSOE-A no solo mantuvo aforados a los cuatro exconsejeros del Caso Eres, también de forma solapada al diputado Teruel a través de una vocalía como sustituto. Y es que de no haber estado aforado en esa etapa concreta, el político oriundo de Chirivel, ya habría prestado declaración ante la policía y hubiese sido posible, incluso, su imputación judicial en esa instancia judicial sin necesidad de elevarla al TSJA. O quizás todo lo contrario, tal y como ha sucedido con otras personas inicialmente implicadas en este sumario y a las que se ha dejado de investigar por resultar totalmente inocentes. (Caso del empresario Jesús León)
De momento Teruel se ha instalado en que está “tranquilo y seguro” por haber actuado “con arreglo a derecho”. Si tan tranquilo y seguro está de que actuó conforme a la Ley, cabe preguntarse, por qué no renuncia a su aforamiento y comparece ante la Justicia ordinaria, sobre todo para evitar el brutal desgaste electoral de su partido con una oposición, por cierto, que también como Heredia toca de oídas, de momento, en este concierto de corrupciones en esas marismas azules que se ocultan en el cielo.
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