 |
| A-92 IDEAL de Almería, domingo 10 de mayo de 2015. |
El Caso Marismas sigue su curso. Esta semana la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil entregó al Magistrado Juan Gutiérrez Casillas, titular del Juzgado Nº 16 de Sevilla, un nuevo “atestado ampliatorio” con el número de referencia 2015-100426-00000047 de fecha 5 de mayo de 2015. El instructor, según una Providencia dictada el pasado miércoles día 6, ordenó que el extenso y completo informe policial se uniera “a los autos de su razón”.
Según las informaciones recabadas, en fuentes de absoluta solvencia conocedoras de la marcha de la instrucción, la UOPJ de la Guardia Civil en Sevilla, propone una nueva ristra de personas a las que se acusa de la presunta comisión de numerosos delitos y, por tanto, eleva al Juez la propuesta firme para que sean imputados o investigados. Se trata de siete personas que habría que añadir a las 21 que ya se hallan imputadas formalmente por el Juez desde marzo y a las que a partir de mañana se les tomará declaración en sede judicial. (Parece que las propuestas de imputación pueden seguir aumentando en los próximos meses). Siempre según las fuentes consultadas, en esta ocasión, se proponen para que sean imputados cinco altos ejecutivos de empresas implicadas en el caso, especialmente del Grupo Abengoa. También un exsubdelegado del Gobierno en Huelva y el diputado socialista por Almería José Luis Sánchez Teruel.
Tres delitos…
En efecto, el actual Secretario General del PSOE de Almería, cabeza de lista al Parlamento andaluz el pasado 22M, está siendo investigado por su actuación en el Caso Marismas como Director General de Regadíos entre 2008 y 2009 en la Consejería de Agricultura y Pesca, dependiendo del entonces consejero almeriense Martín Soler Márquez.
Sanchez Teruel, hace un año, tal y como avanzó IDEAL de Almería el 4 de mayo de 2014, ya fue acusado en un primer atestado de la Guardia Civil proponiendo entonces su imputación en el procedimiento.
El parlamentario, que disfruta de aforamiento ante el TSJA, fue señalado por la policía judicial por la presunta comisión de tres delitos muy concretos: “Negociaciones y Actividades Prohibidas a los Funcionarios Públicos, Abuso en el ejercicio de sus Funciones y Tráfico de influencias.”
A raíz de aquel primer atestado policial, dada la complejidad de los delitos a investigar, así como el numeroso grupo de personas bajo sospecha, el magistrado tomó la prudente decisión de reordenar la investigación y mandó a la Guardia Civil partir de cero, paso a paso y año a año.
En aquel primer atestado acusatorio se afirmaba literalmente que, según el ex Gerente de la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, Jorge Liranzo Campos, “en agosto de 2008, D. Carlos J. Rodriguez, de la Consejería, viene a la Comunidad presionando, indicando que se iba a partir la baraja, para que se acepte el proyecto constructivo de BEFESA (Grupo Abengoa)” y que “el proyecto lo firmó D. Diego García Santos por imposición de la Consejería, que vino el Jefe del Servicio, con Antonio López, y que se firma al final por imposición del Sr D. José Luis Sanchez Teruel, quien en una ocasión amenazó con paralizar y eliminar cualquier ayuda; igualmente es la Consejería quien monta otros 7 millones para el Proyecto Complementario y que el dinero era para Befesa”. Continua diciendo que “el Sr Sanchez Teruel, D. Carlos Rodriguez, la secretaria, el Moro (Juan Carlos) y Mariano Garamendi, llegan a un acuerdo para firmar una certificación, la 39, con más de 1,5 millones de euros de lo que le corresponde a la misma.”
…y un cuarto delito: “grupo organizado”.
A lo largo de estos últimos doce meses los investigadores, tras una más exhaustiva investigación, reuniendo pruebas, testimonios y evidencias, no solo se ratifican en sus acusaciones iniciales contra Sánchez Teruel, sino que, según mis fuentes, añaden un nuevo delito del que deberá responder el político almeriense: “pertenencia a grupo organizado”.
Los dos predecesores de Sánchez Teruel en la Dirección General, los socialistas Francisco Ruiz y Tomás Martinez, ya se encuentran imputados judicialmente en esta causa, acusados de otros delitos distintos.
El pasado día 23 de marzo, lunes, horas después de que se cerraran los colegios electorales, el máximo responsable del socialismo almeriense recibió una llamada telefónica de agentes judiciales que le agrió la fiesta postelectoral y, también, su particular celebración con motivo de la publicidad dada a los 21 imputados propuestos por Fiscalia y donde no aparecía su nombre. Algo que Teruel utilizó internamente para “vender”, eufórico, que nada tenía que ver con el caso Marismas.
El motivo de la llamada a Teruel era para citarle a declarar en las dependencias policiales en Sevilla. Parece que con voz trémula, el político de Chirivel, respondió preguntando a quien le llamó si no sabía cual era su situación. Tras la respuesta negativa al otro lado, argumentó Teruel que él era vocal suplente de la Diputación Permanente y que, por tanto, seguía estando aforado y que debía ser el TSJA el que le convocase.
Así, además de los cuatro exconsejeros “aforados express” por los EREs, hubo un desconocido quinto diputado socialista que se salvó de una comparecencia ante la Justicia ordinaria para exponer formalmente sus explicaciones, las mismas que desde hace casi dos años viene dando públicamente sobre su no participación ni responsabilidad en el escándalo de corrupción del Caso Marismas.
Una vez concluidas en los próximos días las declaraciones de los 21 imputados iniciales, el magistrado estudiará las nuevas propuestas de esta semana y, en caso de hallar solidez en las pruebas acumuladas contra Teruel, elevará una exposición razonada a la Sala Segunda del TSJA para que proceda en consecuencia.
Posiblemente avanzada esta semana, tanto las partes personadas como la opinión pública, conocerán con detalle las acusaciones policiales - avaladas por el fiscal- que pesan sobre el único político en activo que aparece implicado en el sumario de Marismas. (También se conocerán las grabaciones que constan en el sumario).
De confirmarse finalmente su remisión a Granada, la presidenta Susana Díaz ya no podrá presumir de que en su bancada “no hay ningún imputado” tal y como proclamó orgullosa en el reciente y frustrado debate de investidura, donde, por cierto, anunció un potente paquete de medidas anticorrupción antes nunca visto en España.
LA CUAJADERA
1. El ministro de Justicia
Rafael Catalá, ministro de Justicia del Reino de España, se sigue cubriendo de gloria. Tras su metedura de pata planteando imponer la censura a los medios que publiquen sumarios sobre corrupción, el viernes dio otro traspié político de los que no pasan desapercibidos. Acudió a Roquetas a respaldar a Gabriel Amat como candidato del PP, imputado por presuntos delitos urbanísticos en el caso de La Fabriquilla. Y lo hizo en el escenario del Teatro Auditorio cuya construcción está bajo sospecha judicial al haber costado un 120% más de lo presupuestado - ilegalmente según el TSJA- y estar investigándose, además, el supuesto pago de millonarias comisiones a funcionarios y al PP con cargo a esa obra del teatro en el denominado Caso Hispano Almería.
Tras la penúltima visita de Catalá a Almería, en la campaña autonómica, se produjo una muy discutida decisión de la Fiscalía pidiendo la desimputación de Amat en la Fabriquilla y el archivo del caso Auditorio. A ver qué pasa ahora con la imputación que, a día de hoy, mantiene la jueza de Roquetas.
2. El PSOE tiene miedo.
Miedo, mucho miedo es lo que ha demostrado el PSOE al no acudir como tenía previsto desde hace meses a la Fiscalía a denunciar la comisión de supuestos delitos de corrupción graves - más de una docena- que habría cometido el equipo de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador. La denuncia, redactada hace tiempo y que podría tener una extensión de unos sesenta folios, está acompañada por unos quinientos documentos que demostrarían graves irregularidades del equipo del PP en el ayuntamiento de la capital. Fuentes regionales del PSOE han confirmado, además, que los servicios jurídicos del partido en Sevilla supervisaron dicha documentación, dando su visto bueno a la misma.
Al final, tras haber fijado internamente la fecha de presentación de la denuncia, con luz y taquígrafos, han optado por no hacerlo y guardarla en el cajón. Una muy discutible decisión política que, sin duda, deja a los pies de los caballos al candidato Juan Carlos Pérez Navas y su discurso en favor de la regeneración y la transparencia en la gestión del ayuntamiento capitalino.
3. Cazorla sigue.
Ciudadanos ha decidido que su candidato en Almería continue como tal, rechazando que deba dimitir del cargo tras conocerse una segunda imputación - “delito societario”- y una tercera denuncia - por “alzamiento de bienes”- ya que son asuntos de su “ámbito privado” y no corrupción política. Sorprende esta decisión final del partido que se ha convertido en ariete anticorrupción en Andalucia. Y llama la atención porque la primera imputación que padeció Miguel Cazorla - “apropiación indebida”- de la que salió airoso al archivarse, motivó su dimisión temporal y también era un asunto de su “actividad privada” como empresario del sector agrícola.
No hay comentarios:
Publicar un comentario