domingo, 12 de abril de 2015

FISCALÍA SALE A SALVAR A AMAT

A-92, IDEAL de Almería domingo
12 de abril de 2015.


Gabriel Amat está eufórico y tiene motivos, la Fiscalía le quiere salvar. Dos de los numerosos frentes judiciales abiertos desde hace años contra el líder del PP en Almería, han recibido un inesperado espaldarazo desde el Ministerio Público. Y ello sucede días después del paseíllo electoral de Rajoy y su Ministro de Justicia por Almería. Y ocurre, además,  a las puertas de otra campaña, donde Gabriel Amat Ayllón repite candidatura pese a estar imputado por presuntos delitos urbanísticos. Dos decisiones favorables de Fiscalía por las que Amat se ha apresurado a exigir públicamente que le tienen que “pedir perdón” sus denunciantes, dando por hecho que la instrucción quedaba conclusa y, por tanto, absuelto de las graves acusaciones.
También se ha conocido, casi al mismo tiempo, una tercera incidencia judicial que, a priori, podría beneficiarle por la dilación procesal que supone en el caso de la “Trama Amat”. Un informe de la UDyCO, de más de dos mil folios, en el que se evidencian cuestiones también sorprendentes. La policía de delitos económicos, dependiente de Interior, no ha cumplido con lo ordenado en un auto judicial dictado por el Juzgado de Roquetas hace casi dos años y tras una segunda reclamación de la Juez. Se han limitado a adjuntar miles de fotocopias registrales para, en menos de veinte folios de conclusiones, tras reconocer la existencia de “trama”, sugerir que se proceda a una investigación más a fondo, señalando la posible existencia de figuras delictivas cuya terminología jurídica obvian incomprensiblemente. En definitiva, la policía, dice a la instructora cómo se debiera investigar desde cero el entramado societario de Amat, familia y socios. Obviamente no hay que ser jurista para concluir que se han perdido dos años de trabajo policial y judicial, posiblemente favoreciendo prescripciones no deseadas.

Donde dije digo…

Las dos últimas decisiones de Fiscalía, conocidas en un corto espacio de tiempo, son las que han encendido las luces rojas de la desconfianza social y política sobre el papel de defensa de la legalidad que el Ministerio Público debe observar en todas sus actuaciones.
Por un lado, contra todo pronóstico, el fiscal ha dado marcha atrás en la pieza separada del “Caso La Fabriquilla” pidiendo el archivo y sobreseimiento de la causa por la que, desde hace meses, permanece imputado el edil de Roquetas, parte de su equipo de gobierno y técnicos municipales por presuntos delitos urbanísticos. No conviene olvidar que, en cualquier procedimiento, la Fiscalía es una de las partes, pero deberá ser la Juez instructora la que diga la última palabra. Por cierto el insólito anuncio de Fiscalía se conoció antes por los periodistas que por la propia Juez. Como tampoco se puede dejar pasar por alto que, en este caso concreto, el Fiscal dice ahora “digo” donde antes mantuvo “Diego”.
A los pocos días, también procedente de Fiscalia, salía otro informe, unos dos folios, con 80 líneas escasas, elevado al Juzgado Nº 3 de Roquetas -en vez de a la sala Segunda de la Audiencia que entiende sobre la reapertura penal solicitada por el PSOE- a propósito del denominado “Caso Auditorio”, que desde el año 2005 deambula por los juzgados de Roquetas, Granada y Almería. Y, una vez más, la Fiscalía salió a ´salvar al soldado Amat´ en una causa donde, para resumir la cuestión, se debería dilucidar si en el millonario sobrecoste del 120% de la faraónica obra del teatro - ilegal según el TSJA- se han podido cometer varios delitos, especialmente los de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Carísimo Auditorio

A principios del siglo el Ayuntamiento de Roquetas adjudicó por algo más de siete millones el contrato de obras del Teatro Auditorio a una UTE liderada por Hispano Almería S.A y participada por GEA 21 y Rochina S.A. En junio de 2003 presentan un proyecto complementario para concluirlo valorado en 8.408.159, 34 euros. El Ayuntamiento presidido por Amat inicia la tramitación de la ampliación presupuestaria  y en octubre de ese año, tanto el Secretario como el Interventor emiten informes desfavorables y señalan que debe existir un acuerdo plenario que lo apruebe, así como justificar la improcedencia de convocatoria de nueva licitación. También que, dada la cantidad, es necesario un dictamen de la Comisión Especial de Cuentas y del Consejo Consultivo. Este ultimo informó desfavorablemente. No obstante, en plena Navidad de 2003, el día de San Esteban, la Junta de Gobierno con Amat al frente lo aprobó.
La oposición socialista de Roquetas interpuso un Recurso de Reposición ante el gobierno local, desestimado por Amat en marzo de 2003. Para entonces la obra había concluido, por lo que puede entenderse que  se habrían incumplido previamente todos los trámites legales obligatorios.
El PSOE local llevó el asunto a la Justicia tanto por la vía del Contencioso Administrativo como por la Penal. El juez Luis Durbán- ascendido esta semana magistrado de la Audiencia- archivó la vía penal por la posible prejudicialidad administrativa. En abril de 2012 se pronunció el TSJA dando la razón a los denunciantes, abriendo la puerta de la vía Penal, asunto que desde hace más de un año espera ser resuelto por la Sala Segunda de la Audiencia presidida por el magistrado Juan Ruiz-Rico - también ascendido esta semana al TSJA-. Y en este punto es donde Fiscalía afirma, el 10 de marzo pasado, que “A pesar de estimar en su resolución el TSJA la pretensión del querellante en las presentes Diligencias, ello no determina que el querellado incurriese en su actuación en un delito de prevaricación”  El Fiscal Manuel Hermoso Guerrero, antes de proclamar su oposición y solicitud de archivo definitivo a la reapertura, dice que dos facturas originales (más de 52 millones de pesetas - 313.586,81 €- ) aportadas en enero por el PSOE, “se trataría de copias”  sobre cuya “veracidad y autenticidad no podemos tener seguridad” y que nunca antes, a pesar de haber transcurrido diez años, “se habían traído a colación a la causa”. Insólito informe del Fiscal, puesto que antes de haberlo emitido debió, velando por la legalidad, haber solicitado la práctica de diligencias de prueba necesarias para determinar la autenticidad o no de dichos documentos, que podrían acreditar una supuesta y clara malversación de caudales públicos en el carísimo teatro.

Y Halsa…

Conviene recordar, a propósito del Auditorio, que existe otro procedimiento abierto tras una denuncia de AMAyT ante la Fiscalia del TSJA -que hizo suya el Fiscal Jefe de Almería- donde se investiga posible financiación irregular del PP (y otros) por parte de HALSA, todo ello a raíz de la aparición de numerosos recibos (originales) de una supuesta “contabilidad B” de la constructora que más ha trabajado para el Ayuntamiento de Roquetas y la Diputación del PP en estos años. Y que entre esos recibos se encuentran muchos - unos 180 millones de pesetas en comisiones ilegales a políticos y técnicos- con cargo a la cuenta interna de gestión que soportaba el presupuesto del Teatro Auditorio. Este procedimiento sigue abierto en en el juzgado Nº 3 desde hace más de un año, sin que se conozcan avances en su instrucción judicial, donde parece que sigue trabajando la UDyCO. Tampoco han trascendido nuevas iniciativas de Fiscalía al respecto.


LA CUAJADERA.



Ciudadano Cazorla

Uno de los graves problemas de los partidos emergentes está siendo los personajes con mochila que se les cuelan en sus filas. Este podría ser el caso del líder de Ciudadanos en Almería que, a la vista de lo que se va conociendo, no solo tuvo una imputación judicial de la que salió absuelto recientemente. Ahora resulta que, desde hace un año, la Jueza Alejandra Dodero , titular del Nº 1 de Instrucción de Almeria, le investiga por presunto “delito societario” tras una denuncia penal interpuesta contra Miguel Cazorla Garrido por “Agricultores Ecológicos SAT”, su antigua empresa.
En concreto se indaga su gestión como presidente de la sociedad de la que fue expulsado tras el oportuno expediente disciplinario y donde una auditoria reveló la presunta comisión de numerosas irregularidades contables en base al uso de fondos propios de la empresa. La SAT, actualmente en concurso de acreedores, ha dejado sin trabajo a más de medio centenar de personas y en la ruina a la mayoría de socios que la integraban, todo ello, según los denunciantes, por la presuntamente delictiva gestión del ciudadano Cazorla. La Juez ordenó el 27 de marzo de 2014, mediante un auto, que se continuase la tramitación de la denuncia que, a día de hoy, sigue abierta como Procedimiento Abreviado 95/2014, surgido de las Diligencias Previas 4246/11.


Marcador simultáneo:

Adra:  Amat 0, Crespo 1
Albox:  Mena Segura 0, Pérez Quiles 2.
Zurgena: Agrup. Local PSOE 1, Adela Segura 0.

Génova 13: Cospedal 3, Arenas 1.

---------------------------------------------   Post Scriptum    --------------------------------------------------


En relación con la información que hoy publico en "La Cuajadera" referida al líder de Ciudadanos en Almería, Miguel Cazorla, ex concejal del GIAL junto a Juan Megino, actualmente en la lista del PP, he tenido acceso en las últimas horas a las siguientes informaciones que por su trascendencia política me permito transmitir a los lectores de este blog:

1.- El pasado día 23 de marzo, un día después de las elecciones autonómicas en las que Cs obtuvo nueve escaños autonómicos, le fue remitido un correo electrónico al coordinador regional de la formación, Luis Salvador, en el que se le adjuntaba el Auto de marzo de 2014 de la Magistrada Dodero. El citado E-Mail estaba remitido, supuestamente, por un grupo de militantes de Cs con el nombre "Ciudadanos ejidenses enfurecidos". En el cuerpo del mensaje puede leerse, entre otras cosas, lo siguiente: "Estimado D.Luis Salvador ponemos en conocimiento de su persona este documento al que hemos tenido acceso una semana antes que salga en prensa convenientemente, ya que somos votantes y si es cierto no nos gustaría que se pareciese a otros partidos teniendo un líder provincial con tanto "ruido" alrededor suya; recordemos que "la mujer del cesar no solo ha de serlo,ha de parecerlo"; ruego pongan en conocimiento del secretario de organización Fran Hervías tal hecho porque no solo es la segunda (imputación), vienen más en la prensa de investigación según nos comunican".

2.- Con fecha de ayer, 11 de abril, un afiliado a Cs, Antonio Inocencio López Mejías, que dice no haber podido concurrir a unas primarias en Roquetas porque le han boicoteado desde la dirección provincial, ha remitido a la Comisión de Garantías de Ciudadanos, un extenso escrito en el que denuncia una serie de irregularidades supuestamente cometidas en el proceso interno de elección de candidatos por los señores  Miguel Cazorla, como coordinador provincial y los miembros de su dirección Roberto Baca, Secretario provincial y Diego Clemente coordinador local de Roquetas. Este último imponiéndose como candidato junto a su esposa como suplente en la lista. También denuncia prácticas internas atentatorias contra la Ley de Protección de Datos como la grabación en audio y video de reuniones internas sin el consentimiento de los presentes. Todo ello en una asamblea celebrada esta semana y que acabó como el rosario de la Aurora con una gran bronca interna entre militantes y los directivos locales/provinciales. También se denuncia posible manipulación del censo del partido al afirmar que "De las 18 personas últimas afiliadas, había dos del Partido Popular de Roquetas de Mar, que fueron afiliadas el día 27.03.15 a sabiendas que hasta el día 30.03.15 no iban a comunicar vía burófax al PP de Roquetas su baja, como así fue. Es decir, se vulneran los estatutos con “ la doble militancia “.

3.- Se culpa de todo ello directamente a Miguel Cazorla como la persona que habría impulsado y permitido un cúmulo importante de supuestas irregularidades por las que, se anuncia, se actuará ante la jurisdicción judicial pertinente. Y, de paso, se afirma lo siguiente en relación con la biografía judicial del candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Almería: "El Sr. Cazorla mintió, cuándo le preguntaron (por su situación procesal) no sólo a los afiliados de Almería sino a sus superiores jerárquicos,  a sabiendas que estaba imputado desde marzo 2014 en otra nueva causa, así como “supuestamente” está incurso en otro procedimiento como administrador y propietario de una mercantil por desahucio por impago a una cooperativa de agricultores. Se podría localizar esta última denuncia". 

4.- La extensa denuncia ante la Comisión de Garantías de Ciudadanos concluye con el siguiente párrafo: "Por todo lo expuesto anteriormente, solicito y solicitamos (en representación de una serie de afiliados) la expulsión inmediata del PARTIDO DE LA CIUDADANIA C´S, del Sr. Cazorla, del Sr. Roberto Baca y del Sr. Diego Clemente".

Este cronista ha intentado a lo largo de los últimos días conocer la opinión respecto de este complejo panorama almeriense ante Luis Salvador, Coordinador regional de Cs, así como ante Fran Hervía, Secretario de Organización del partido. Ni uno ni otro, de momento, han contestado a los mensajes remitidos en solicitud de información sobre lo que piensan hacer en los máximos órganos del partido de Albert Rivera.



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