“La denuncia del alcalde de Albox es un documento muy poco consistente y carente de los más elementales elementos de prueba”. Con estas palabras, una cualificada fuente de la Fiscalía de Almería, ha echado por tierra la supuesta denuncia que el alcalde de Albox, Rogelio Mena, dice que presentó a finales del pasado año - en pleno escándalo por la ocultación de expedientes sospechosos de corrupción, por los que está imputado y camino de la vista oral- ante Fiscal decano de Huércal-Overa Juan Sánchez.
Como enseguida podrá comprobar el lector estamos ante una artimaña de Mena sin consistencia jurídica y, desde luego, muy alejada de la verdad política perseguida, seguramente con el ánimo de embarrar el escenario político y ocultar la verdad a los ciudadanos.
Esta semana, a raíz de las revelaciones publicadas aquí ( IDEAL, domingo 8 de febrero) y de la posterior denuncia, presentada el viernes 13 de febrero pasado, ante el Fiscal Jefe de la Audiencia de Almería por el portavoz de la oposición popular, Juan Pedro Pérez Quiles, Rogelio Mena hacía público un sorprendente comunicado bajo el título “La Fiscalía archiva la denuncia por las obras de caudalización de la Rambla de Albox” . La nota hacía referencia a un párrafo del decreto de archivo de la supuesta denuncia “al no revertir los hechos denunciados carácter de delito”. A renglón seguido Mena, que esta vez si presumió de “acatar” la decisión de Fiscalía, solicitaba al Partido Popular “que actúe de la misma forma y permita desarrollar al Ministerio Fiscal su trabajo, aceptando su decisión aunque no le guste”.
“Mucha literatura”
Las fuentes de la Fiscalía almeriense consultadas por este cronista aseguran que el alcalde, Rogelio Mena, en efecto, presentó folio y medio, así como cuatro certificados de la Alcaldía, donde exponía una petición de investigación, sin consistencia, sin documentos ni datos que permitiesen ordenar ningún tipo de diligencia indagatoria. Puro trámite literario. “No parecía ni denuncia- asegura un fiscal conocedor del asunto- era algo así como poner en conocimiento unos hechos, pero sin aportar nada, ni datos ni nada, mucha literatura, destacando que lo hacía tras la celebración de un pleno donde se habían aprobado medidas de transparencia; hablaba de un contrato de 60.000 euros y de un expediente; adjuntaba unas fotocopias y pedía que se investigase a doña Esther Soto… en fin, como le digo literatura y nada concreto” asegura sorprendida la fuente consultada. En definitiva, que el escrito presentado, a juicio de la Fiscalía, “lo que invitaba en realidad era a realizar una prospección indagatoria, algo que es absolutamente ilegal porque estamos en un Estado de Derecho y, además, no estamos para perder el tiempo”. ¿Pero - pregunto- se habla en algún punto de la denuncia del concurso del proyecto de la Rambla valorado en 400.000 euros y adjudicado a la empresa Alcaína? -“Para nada se habla de eso en la denuncia presentada”.
Como bien habrá podido adivinar el lector a estas alturas de crónica, parece claro que hemos asistido a una clara instrumentalización política del Ministerio Público por parte de Rogelio Mena en un asunto muy grave, que ahora seguramente sí que será investigado en toda su dimensión por la Justicia. Sobre todo porque la documentación que se ha conocido sobre el concurso del proyecto de la Rambla de Albox, aportada ya a Fiscalía por el PP, pone sobre la mesa la posible comisión de irregularidades (o delitos) muy graves. Así lo recoge la denuncia presentada por Pérez Quiles en la que pueden comprobarse varias cuestiones susceptibles de ser investigadas como posibles delitos.
¿Falsificación de documentos?
En primer lugar se adjudica un caro proyecto a la empresa Alcaína tres meses antes de estar constituida legalmente. Se firma con quien no es ni su administrador, ni siquiera accionista y sin el objeto social apropiado. La segunda cuestión es que al concurso concurren, junto a la ganadora Alcaína- con un yerno del actual primer Teniente de Alcalde Pérez Conchillo como accionista- dos empresas sin sello de registro de entrada, sin publicidad previa y sin respetar las exigencias legales del pliego. Una del dueño de Alcaína y del alcalde de Arboleas, al 50%, de la que el edil arboleano, Cristóbal García Granados, dice no saber absolutamente nada por estar la mercantil en proceso de disolución desde 2007. Y la otra, perteneciente a la ex trabajadora de Alcaína, Mirella Granados, quien ha certificado que no existe ni nunca existió dicha sociedad, denunciando además que han falsificado su firma, sello y profesión. Además, el pliego podría resultar falsificado y nulo de pleno Derecho, ya que se hace referencia en su punto IX a una Ley que aún no había sido aprobada por el Congreso el día de la firma. Una chapuza. Y finalmente la rúbrica del contrato de adjudicación donde aparece, junto al alcalde, un innominado Secretario Municipal, mediante un garabato como firma y sin nombre, que podría ser el funcionario municipal Jorge Perán Mármol, cuya hija parece que trabaja en Alcaína.
A la vista de estos datos documentados puede entenderse mucho mejor la maniobra orquestada por Rogelio Mena instrumentalizando el decreto de Fiscalía por una denuncia imposible, de la que nunca dio noticia pública y que acaba de sacarse de la chistera con el ánimo evidente de confundir a la opinión pública y engañar a la Justicia. Es de esperar, por tanto, que el Sr Mena, llegado el caso, “acate” las decisiones que en breve pueda tomar el Fiscal Jefe de Almería, una vez examine la denuncia de Pérez Quiles. Porque, esta vez, parece que la denuncia si es consistente y sí está documentada. De paso, también se solicita la reapertura de las diligencias 37/2011, dimananantes del atestado policial 11/2011-UCO 005605-000000-11, de fecha 10 de febrero de 2011, por una supuesta trama de corrupción política y económica en Albox investigada por la UCO de Madrid y que, sorprendentemente, fue archivada provisionalmente en dos ocasiones por el fiscal Jesús Gázquez.
LA CUAJADERA
Montoya, absuelto.
“Las manifestaciones vertidas por el demandado (Luis Montoya) constituyen una valoración sobre la concreta actuación de la entidad actora (Cajamar) que no exceden de la libre evaluación y calificación de la labor profesional de esta, y, por ello no pueden reputarse constitutivas de una intromisión ilegitima en su honor, debiendo calificarse dentro de las críticas, que no rebasan los límites propios de la libertad de expresión”. Así concluye la sentencia dictada esta semana por la Magistrada-Juez de Primera Instancia Nº 7 de Almería, en la que absuelve al colaborador de Amayt, Luis Montoya, de la demanda interpuesta por la entidad Cajamar que consideró un articulo de su blog atentatorio contra el honor de la caja. La Juez, además, condena a la entidad al pago de las costas.
Francisco Javier Torres Viedma
La Asociacion Amayt y los hermanos Manuel y Mª Lucía Rodríguez Romero de Roquetas, han presentado esta semana una documentada y extensa denuncia ante la Fiscalia de Almería contra la actuación del Asesor Jurídico del Ayuntamiento de Roquetas. Según el escrito, el Sr Torres Viedma, que disfruta del régimen de incompatibilidad, habría actuado como letrado particular de la mercantil Leza Constructora 2000, litigando contra de los intereses de dos vecinos de Roquetas en una cuestión urbanística perjudicados por el Ayuntamiento y supuestamente incumpliendo, entre otros muchos, los preceptos legales del Estatuto de la Abogacía.
Rodrigo Sánchez Simón
El alcalde popular de Fines, a través de una sociedad por él participada, vendió al ayuntamiento que preside una casa, sin que primara interés público ni ausentándose del pleno que aprobó la compra por 70.000 €, según denunció el PSOE en Fiscalía. La casa le había costado 24.000 €. Y para dicha compra se usó una subvención oficial para “crear empleo”. El edil confesó desconocer que era socio de la mercantil. Judicializado el asunto, el pasado 10 de febrero, el instructor dictó sobreseimiento provisional siguiendo las indicaciones del informe del Fiscal, Juan Sánchez, de no más de veinte lineas de extensión. Tres días después, los denunciantes socialistas, elevaron recurso de reforma, y subsidiario de apelación ante la Audiencia, alegando que “la resolución carece de fundamentación ni motivación alguna, vulnerando el principio de la tutela judicial efectiva”. Especial atención se le presta a lo escrito por el Fiscal del caso que, en su breve informe, cuestiona a los denunciantes por haber tardado tanto en hacerlo y, sobre todo, por no haber impugnado la compra por la vía contencioso-administrativa, razón por la que pidió el sobreseimiento. Ahora el juez tiene nuevamente la palabra.
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