El pasado martes día 11, el
titular del Juzgado Nª 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, tomó una
importante decisión entorno a las investigaciones sobre el conocido como "Caso Marismas del Guadalquivir". El Magistrado, según una Providencia dictada,
"visto el estado que mantienen las presentes actuaciones, visto el
contenido de los autos, apreciándose la dificultad técnica que pudieran
concurrir en los hechos en donde pueden apreciarse o no diversos delitos, como
de malversación, falsedad e incluso apropiación indebida y estando relacionado
todo ello con actos e instituciones de la Administración Pública, en orden a
una mejor instrucción y reconocimiento de los hechos, líbrese oficio a la
Policía Judicial Guardia Civil, con copia de todo lo constante en autos a fin
de que se elabore informe objetivo y neutral acerca de los hechos, se
determinen los inculpados, perjudicados y testigos en su caso".
En base a esta decisión el
juez ha decidido suspender "por ahora", la práctica de todas las
declaraciones que venían siendo acordadas y una vez recibido el correspondiente
informe de la Guardia Civil "se resolverá lo procedente sobre nuevas
declaraciones o no, de estos u otros imputados, perjudicados y
testigos". Todo ello con la
finalidad, añade en su comunicación el Magistrado, de que el procedimiento
penal quede "debidamente constituido desde su principio y con observancia
también desde su inicio del principio de contradicción".
Tras la decisión tomada esta
misma semana se abre un compás de espera entorno a las Diligencias Previas
487/2013, fruto de la denuncia presentada en mayo de 2012 por la Comunidad de
Regantes Las Marismas del Guadalquivir inicialmente "contra", Manuel
Antonio Cruz-Guzmán López (funcionario de la Junta), Diego García Santos
(primer presidente de la CCRR), Manuel Vázquez Segovia (primer director de la
obra) y Jesús León López (representante de Befesa que lideró la UTE que inició
las obras).
Todos ellos estaban convocados
para el próximo lunes, día 17, con asistencia letrada y "en calidad de
imputados", tal y como se avanzó en este blog el pasado 20 de enero.
Jesús León escribe al Juez
De todos ellos, el ingeniero
Jesús León López, actual consejero del Sevilla FC, tras la compra de parte de
las acciones del hoy presidiario José Mª del Nido y ex alto cargo de Befesa, ha
sido el único que se ha adelantado a efectuar, antes incluso de su declaración
ante el juez prevista para el próximo
lunes, una comparecencia por escrito en el Juzgado el 25 de febrero, unida
posteriormente a los autos el pasado día 5 de marzo.
León López, en sus
manifestaciones por escrito, alega fundamentalmente que permaneció en Befesa
desde el 7 de mayo de 2008 al 27 de julio de 2012 y que, por tanto, ni dirigió
ni supervisó la obra.
Confirma su presencia en la
famosa reunió del 7 de febrero de 2012 en la Delegación Provincial de
Agricultura de Sevilla con los representantes de los regantes y de la Consejería, aunque al respecto da su
versión sobre dos cuestiones fundamentales en los inicios de este procedimiento.
La primera que su relación con
la obra en litigio fue "meramente tangencial" y que acudió a la misma
"casualmente, por no haber otra persona disponible en la empresa". Y
por otro lado, como era de esperar, desmiente categórica y rotundamente que
pronunciase estas frases objeto de la denuncia: "voy a poner en un papel nombres, apellidos y cantidades" y
tampoco dijo "lo haré en un folio
sin membrete de la empresa". Se acoge para demostrar la veracidad de
su afirmación en el hecho de que ninguno
de los presentes estuvo de acuerdo con el acta que redactaron y elevaron a
pública. (Los regantes dicen que sí firmaron el acta).
Estos y otros detalles de este
complejo asunto, a partir de ahora, serán investigados por la Policía Judicial
de la Guardia Civil de Sevilla y, una vez concluido el informe solicitado por
el Juez, se retomarán las declaraciones y actuaciones penales para delimitar
las posibles responsabilidades a que hubiere lugar.
Recuérdese que la obra de
mejoras de regadíos del Bajo Guadalquivir - obra inacabada y al 60% desde hace
años- fue un proyecto, valorado entorno a los 66 millones de euros, con fondos
públicos de la Junta y de las Comunidades Europeas, sobre el que existen
sospechas y dudas respecto al destino real de una parte importante de los
fondos dispuestos. Esta operación fue avalada financieramente por La Caixa y,
desde hace meses, la OLAF, oficina antifraude de la UE, investiga a instancias
de la Comunidad de Regantes la tramitación de la misma por parte de la Junta de
Andalucía. El enconamiento del conflicto, con las negociaciones frustradas
entre regantes y la UTE Befesa-Alpi se recrudeció en la etapa del consejero de Agricultura Martín Soler, siendo responsable de regadíos como Director General el actual diputado
socialista y Secretario General del PSOE de Almería José Luis Sánchez Teruel.
En el procedimiento judicial que se sigue en el Juzgado Nº 16 de Sevilla se ha
personado hace varias semanas como acusación el Partido Popular de Andalucía. La Junta de Andalucía, por su
parte, ha movido ficha burocrática y administrativa en los últimos días sobre
este grave asunto relacionado con fondos públicos. Pero esa será una cuestión a
desarrollar próximamente.
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