domingo, 2 de febrero de 2014

ALMERÍA: ONCE SUMARIOS ´POLÍTICOS´ DE NUNCA ACABAR



-Numerosos procedimientos judiciales relacionados con la clase política almeriense tardan años en concluir o se dilatan eternamente en los Juzgados.

-Faltan medios humanos y materiales para la Administración de Justicia, pero también parece que faltan ganas de impulsar o concluir las instrucciones en determinados procedimientos.

-Los casos más llamativos: Operación Poniente, Rambla Morales, Caso Rifá, Caso Auditorio de Roquetas, La Fabriquilla, Trama Gabriel Amat, Talones de Medio Ambiente, Facturas Patronato Turismo, Caso Tres Reyes, Caso reconocimiento de deuda a MCS en Diputación.

-Y ahora llegan el Caso Hispano Almería y el Caso Gasolineras...


Los juzgados de Almería, tal y como sucede en la inmensa mayoría de los órganos jurisdiccionales repartidos por la geografía andaluza y española, están atascados y al borde del colapso. En sus estantes respectivos se amontonan durante años los procedimientos, un indicador claro de que la Justicia, cuando es lenta, no es Justicia. Esto parece que no funciona como debiera. Faltan medios sí, humanos y materiales, pero también parece que, en muchas de las causas judiciales más llamativas para la sociedad, con políticos de por medio, falta la diligencia profesional suficiente de quienes tienen la responsabilidad de impulsar y ejecutar las investigaciones pertinentes.

A lo largo de los últimos años los medios de comunicación han ido dando cuenta, en mayor o menor medida, de casos escandalosos que, pasado el tiempo, duermen el sueño de la injusticia en los recovecos de la dilación, de la desidia o del sesteo procesal. En muchas ocasiones con la espada de la prescripción colgando sobre muchos de ellos, demasiadas veces ese retraso se convierte en el ´clavo ardiendo´ de los delincuentes y de sus abogados defensores.

Y de los miles de casos que abordan los juzgados almerienses cada año, llaman poderosamente la atención aquellos que tienen que ver con la corrupción, especialmente una docena relacionada con clanes políticos y económicos especialmente decisivos e influyentes en el escenario social almeriense.

Desde hace años vengo narrando minuciosamente para mis lectores y oyentes muchos de esos casos y, quizás por ese seguimiento continuado, he llegado a la conclusión de que en muchos de esos procedimientos la lentitud y el oscurantismo que marcan esas instrucciones judiciales -ninguna concluida a día de hoy- puedan estar motivadas no solo por la falta de medios humanos y materiales de los funcionarios de la Administración de Justicia en Almería. También por algo más que un presunto manejo espurio o torticero de los resortes jurídicos y judiciales por parte de los poderosos del lugar.

Almería, a la vista de la situación de infinidad de sumarios que provocan el escándalo social, bien merecería la atención especial del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de sus Servicios de Inspección. Son demasiados los rumores, casualidades y causalidades, vistosas impunidades en cierta forma, que la ciudadanía percibe en torno al escenario judicial almeriense que convendría aclarar para que todo tuviese una explicación lógica, razonada y, sobre todo, ajustada a Derecho. Un escenario que, en muchos aspectos, recuerda el que pudimos ver y padecer en la Marbella de finales de siglo en el que los delincuentes de cuello blanco manejaban a jueces, funcionarios y procedimientos a su antojo. El estallido de la "Operación Malaya" supuso en gran medida acotar ciertas prácticas que, de momento, parece que no han vuelto.

Almería, está afectada de lleno por el virus de la insularidad, por las pésimas comunicaciones que padece aún hoy y porque sigue apareciendo para el resto de andaluces y españoles como una tierra insólita, especial, alejada y desgraciadamente olvidada por los gobiernos central y autonómico. Dominada por un caciquismo político local demasiadas veces "tocado" por los tentáculos del crimen organizado. Quizás esa sea una de las causas que expliquen -no la única desde luego- que las cosas que allí suceden no traspasen las montañosas fronteras de una de las provincias más bellas, prósperas y ricas de Andalucía.
En el ámbito judicial, Almería ha sido tierra de paso para ilustres nombres de la judicatura española. Un lugar desde el que se han promocionado numerosos fiscales y magistrados, muchos de los cuales acabaron en la cúspide judicial española, como Baltasar Garzón o Javier Gómez Bermúdez, por citar solo a dos de los más populares togados del país, aunque no han sido los únicos.

Los jueces pasan, pero muchos sumarios permanecen embarrancados durante demasiado tiempo, demasiadas veces olvidados por los medios de comunicación y por el gran público.
A la vista de cómo en la actualidad se están instruyendo con celeridad determinadas causas judiciales en muchos órganos jurisdiccionales andaluces y españoles, como los relacionados con los Eres, Caso Bárcenas, UGT, Invercaria y un largo etcétera, es fácil concluir que en Almería el reloj de los instructores se ha parado en el tiempo, dada la lentitud y el poco éxito de la Justicia para sentar en el banquillo y ante un Tribunal a determinados delincuentes. O simplemente para cerrar sumarios que, en el mejor de los casos, se pudren en los  desvencijados archivadores de las dependencias judiciales.

Sin realizar grandes esfuerzos memorísticos, al menos una docena de llamativos sumarios aparecen a día de hoy sobre la mesa de la corrupción en Almería. Muchos de ellos con años de instrucción, otros más recientes pero que, si nadie lo remedia, podrían correr la misma suerte que los anteriores.  A finales de diciembre pasado, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, en una mesa redonda sobre el "Código Penal ante la Corrupción" se quejaba precisamente en Sevilla de lo poco útil que resulta para la función juzgadora que un pequeño juzgado, sin medios y con centenares de causas menores, se haga cargo de macroprocesos, defendiendo a su vez que sean instancias superiores, como la propia AN, la que se ocupen de ese tipo de casos tan complejos y que tardan años en concluir.

A modo de inventario informativo repasemos algunos de esos casos especialmente llamativos que la Justicia en Almería tiene pendientes por resolver en su agenda.


Operación Poniente.

Fue sin duda el primer gran macrosumario que se empezó a instruir en Almería en 2008 por la eficaz magistrada Monserrat Peña, todo ello tras las denuncias periodísticas en 2007 sobre una trama de corrupción en el Ayuntamiento de El Ejido y la empresa semipública Elsur, propiedad también del Grupo Abengoa, de las cajas El Monte y Caja Sur, a través de una red de subcontratas. Tras las denuncias de los medios -Onda Cero y El Mundo de Almería- en febrero de 2007, tanto el PP de El Ejido (en manos de una gestora entonces) como IU a través de su coordinadora provincial Rosalía Martín presentaron denuncia en la Fiscalía de Almería. Pasados los meses, y a raíz de la comparecencia de un testigo en Granada, la Fiscalía Superior fue la que impulsó definitivamente la "OperaciónPoniente", olvidada en un cajón de los fiscales almerienses. La cosa acabó con cerca de setenta imputados, de los cuales destacaron el alcalde Juan Enciso, exdirigente del PP, del que se marchó, el Interventor municipal José Alemán y numerosos empresarios integrantes de la trama. Todos ellos pasaron por la prisión con carácter preventivo durante meses. En abril próximo se cumplirán seis años del arranque formal de las investigaciones en un sumario inconcluso a falta -se ha dicho- de unos informes de la Agencia Tributaria que iban a estar terminados -anunció un portavoz oficial hace unos meses- antes de que acabe 2013.  Tras la marcha a Granada de la primera juez que instruyó la causa, varios jueces han tocado el caso sin que se conozcan avances y sin que se sepa para cuándo podrá celebrarse la vista oral. Eso sí, algunas imputaciones y medidas cautelares se han ido levantando sorprendente y sospechosamente en estos años. El Fiscal Anticorrupción en Almería -que sigue siendo el mismo que arrancó el asunto, Jesús Gázquez Alcoba -apostó desde el primer momento por circunscribir las pesquisas a El Ejido, dejando de lado otras vías de investigación que seguramente hubiesen conducido a Roquetas de Mar y Almería capital como más tarde se comprobará, por ejemplo en el también olvidado "Caso Rifá".

En la documentación judicial arrojada por el sumario del "Caso Poniente" se pudo comprobar como un sector influyente de la sociedad almeriense, de todos los colores políticos y pelajes económicos, se entendían y maniobraban a la perfección en los sótanos de la corrupción. Miembros del PP, del PAL y del PSOE confraternizaban en sus charlas y reuniones sin mayores escrúpulos con los investigados. Las escenas vividas en la Feria de Abril de Sevilla por parte de los principales protagonistas del caso, conocidas a través de intervenciones telefónicas, dejaron ya entonces al descubierto un espíritu de omertá de incalculables consecuencias éticas, políticas, económicas y seguramente judiciales.

Como también quedó al descubierto la gran camaradería y amistad que tenía el alcalde Juan Enciso con altos funcionarios de diversas administraciones, de forma llamativa con el número dos de la Fiscalía de Almería, el Teniente Fiscal Fernando Brea, recientemente galardonado.
Seis años después, el sumario sigue abierto y, si llega el día del arranque de la vista oral, las peticiones de nulidad serán el primer gran titular periodístico de la jornada. Hoy, el Ayuntamiento de El Ejido está en la bancarrota y decenas de trabajadores de aquella empresa gestionada por Befesa/Abengoa, Elsur, están en las listas del paro despedidos mediante un traumático Ere.
El abultado sumario del Caso Poniente sigue ahí, abierto en canal, dicen que esperando que Hacienda haga sus deberes y remita al juzgado los informes solicitados hace años. Llegó 2014 y la espera continúa.


Caso Rambla Morales.

La desaladora de Rambla Morales fue una obra impulsada por la Junta de Andalucía a instancias del entonces líder socialista en la provincia Martín Soler. El proyecto se puso en marcha después de que el Gobierno de Aznar planteara otra desaladora en el término de Carboneras. Los socialistas no iban a ser menos y de ahí que arrancara la construcción de la de Rambla Morales, muy cercana a la capital almeriense, y que construyó la empresa multinacional Técnicas Reunidas. El gobierno de la Junta aportó unos 25 millones de euros europeos mientras que el resto, hasta los 115-120 millones del coste total de la obra, fue aportado por los regantes y futuros usuarios del agua desalada. Para ello solicitaron un crédito a La Caixa. El proyecto, del que siempre se dijo que era superior a las necesidades reales de los regantes que se iban a beneficiar, concluyó y nunca funcionó a satisfacción de los usuarios. De hecho, durante el gobierno Zapatero, se intentó que aquella desaladora fuese comprada por una empresa pública del Ministerio de Medio Ambiente que la llegó a tasar en menos de la mitad de lo que había llegado a costar. La operación nunca llegó a buen puerto, pese al sigilo con la que quisieron mantener la operación de compra tanto en Madrid como en Almería sus principales promotores socialistas. Se cumplieron los plazos del crédito y La Caixa, velando por sus intereses, planteó una reclamación del préstamo vía ejecutiva, alterando notablemente el ánimo de los regantes y afectados a los que se les intentó embargar sus propiedades.

Fue en ese punto del conflicto cuando la CCRR de Rambla Morales y la Asociación de Afectados judicializaron el asunto mediante denuncia que recaló en el Juzgado de Instrucción Nº 6 de Almería. Hace ya casi dos años.

Los regantes y usuarios nunca han ocultado en sus denuncias que detrás de esta faraónica obra, la gestión del dinero invertido no fue todo lo escrupulosa que era de esperar, de ahí que vía judicial reclamen una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades técnicas y políticas a las que hubiese lugar.

El asunto, según fuentes consultadas en el entorno de los afectados, sigue instruyéndose lentamente en el juzgado del que es titular el Magistrado Luis Durbán, quien, recientemente, ha tomado declaración por videoconferencia a responsables de Técnicas Reunidas.
La primera desaladora desde la iniciativa privada construida en la desértica Almería, con ayudas de la Junta, está hoy cerrada y solo se realizan en ella labores de mantenimiento. Se espera que sea sometida a subasta y que los regantes puedan aclarar lo que ha sucedido con una planta que llegó a costar casi el doble de lo que actualmente ofrecen por ella.


Mariano Rajoy  firma en el Libro de Honor
del Gran Hotel junto a su dueño Miguel Rifá.
(Foto de la web  del Gran Hotel Almería)

 Caso Rifá.

El 31 de mayo de 2012, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) presentó en el Juzgado de Guardia de Almería una extensa y muy documentada denuncia con cerca de 600 folios contra un ciudadano desconocido para el gran público llamado Israel Martínez Marín basada en supuestos delitos contra la Hacienda Pública. Es la Jueza Juana Carrero Fernández, como titular entonces del Juzgado Nº 3, la que abre las Diligencias Previas 3144/2012, el mismo juzgado que ahora, con la Magistrada Ana Belén Vico, deberá investigar, además del "Caso Rifá" el denominado "Caso Halsa"  según El País sobre una supuesta financiación del PP (y otros) por parte de la constructora Hispano Almería.
En el arranque de la denuncia del SVA, el Jefe de la Unidad hace constar que "se ha detectado lo que parece ser una trama de personas perfectamente organizadas para defraudar a la Hacienda Pública a gran escala". Esta investigación, por cierto, transcurre en la provincia andaluza donde más fraude fiscal se produce, según los recientes datos facilitados sobre la economía sumergida en España elaborado por el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha).

Por lo que se extrae del  informe preliminar que acompaña a la denuncia, el ciudadano Israel Martínez Marín podría ser un mero "testaferro" a las órdenes de un empresario de origen catalán de gran relevancia en Almería: Miguel Rifá i Soler, dueño del emblemático Gran Hotel Almería y socio, entre otros, de la familia de Gabriel Amat Ayllón, alcalde de Roquetas y presidente del PP Almería.
Los agentes del SVA exponen con nitidez en su informe la mecánica defraudatoria que han utilizado los denunciados:

-"Elevan a públicos contratos privados de reconocimiento de deuda por prestaciones de servicios ficticios. Con ello eluden el pago a la Hacienda Pública y también a terceros. Generan pérdidas patrimoniales fraudulentas para compensarlas con ganancias patrimoniales reales. Eludiendo igualmente el pago de impuestos. Realizan operaciones simuladas de compraventa de inmuebles y de aportaciones no dinerarias para obtener importantes devoluciones de IVA que no le corresponden. Declaran otras operaciones simuladas para deducirse importantes cantidades en concepto de ´IVA soportado´ y de esta forma evitan el pago a la Hacienda Pública".

Por otra parte, con estas investigaciones, aseguran los agentes, se pretende demostrar que se han simulado operaciones comerciales y mercantiles, lo que puede suponer "un delito de falsedad en documento mercantil, alzamiento de bienes y, finalmente, el dinero que se obtiene de la actividad ilícita, se ha podido blanquear a través del sistema financiero y la utilización  de Paraísos Fiscales".

El equipo de investigadores del fraude y la corrupción económica en Almería informan en su denuncia que está instruyendo otro expediente relativo a "sociedades opacas" del Grupo Rifá y en particular sobre la sociedad denominada Predios del Sureste S.L.

"Como consecuencia de la investigación realizada, se han ste. propiedad dead Town, Tortigacia "sociedades opacas"  y en particular sobre Predios del Sureste. propiedad dead Town, Tortn obtenido numerosos indicios que nos llevan a considerar como propietario real de dicha sociedad o UGO (Ultímate General Owner) a Don Miguel Rifá Soler" afirman.

"Parte de la trama de sociedades interpuestas del ´Grupo Rifá´ nos lleva a dos sociedades situadas en paraísos fiscales, concretamente en las Islas Vírgenes Británicas, situadas en el Caribe, país con el que no existe ni acuerdo de doble imposición ni acuerdo de intercambio de información", narran los agentes del SVA al Juzgado.

Predios del Sureste S.L. está participada en un 75% por la sociedad portuguesa Arembepe Sociedade de Empreitadas Limitada y practicado el oportuno requerimiento a Portugal, "hemos obtenido contestación en la que se indica que ésta, a su vez, está participada en un 99% por la sociedad británica Eskling Investors LLP. Como resultado del requerimiento a Gran Bretaña, se nos informa que los partícipes de Eskling Investors LLP son las sociedades Eskisir Limited y Solinger Limited". Y concretan que "El domicilio fiscal de estas sociedades coincide y es el siguiente, Bison Court, PO, Box 3460, Road Town, Tortola, British Virgin Islands".

Allí, por tanto, se supone que se halla radicado el inmenso patrimonio almeriense de Don Miguel Rifá, el mismo que no ha dudado en agasajar, entre otros muchos políticos, al presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy y a Javier Arenas cada vez que han visitado el Gran Hotel Almería de su propiedad firmando en su Libro de Honor. (El Gran Hotel suele ser la sede de las reuniones de la dirección del PP de Almería)
La lectura de las investigaciones que dieron pie a la denuncia judicial contra Rifá y su entramado societario bien podría ser la base de una tesis doctoral sobre ingeniería financiera para delinquir, ocultar y evadir impuestos. Aparecen decenas y decenas de sociedades repartidas en domicilios por media España, siendo Cataluña, Madrid y Almería las principales sedes y finalmente Lisboa, el lugar desde donde el capital almeriense de Rifá i Soler coge camino definitivo hacia un paraíso fiscal en el Caribe, las Islas Vírgenes.

El empresario catalán afincado en Almería, que llegó a ser socio del hotelero catalanoalmeriense José María Rosell, es presentado en estas diligencias rodeado por una docena de personajes fieles -testaferros- y familiares que firman y comparecen en las notarías como el que va al supermercado. Y junto a ellos un ramillete de llamativos nombres de empresarios del lugar, como la familia del poderoso político del PP Gabriel Amat. Así, aparecen en numerosas operaciones sus sobrinos Francisco Javier y José Ángel Amat Vargas, o su cuñado Miguel Pintor Moreno, o la empresa familiar Francisco Amat e Hijos S.A. También sale a escena el que fuera empresario español de moda en la era socialista al frente del Grupo Colonial, el sevillano Luis Manuel Portillo Muñoz, en la compleja y polémica operación de Las Salinas de Roquetas.

Del caso Rifá, a cuya operación policial ni siquiera le pusieron nombre, se supo algo en verano de 2012 cuando un operativo de la Guardia Civil ocupó la sede del holding empresarial en la localidad de Roquetas, con cuyo alcalde ha convenido negocios urbanísticos, según consta en la documentación aportada por el SVA, dicen que "obtenida en Google".

Resulta también llamativo comprobar las numerosas referencias que hacen los agentes del SVA en sus informes elevados al Juzgado de Instrucción Nº 3 a procedimientos relacionados con varios investigados del clan Rifá y que siguen abiertos desde hace años en varios juzgados de Almería, fundamentalmente relacionados con delitos de carácter económico y fiscal.

A 12 marzo de 2012, documenta el SVA, "la deuda agregada total pendiente, según el Sistema Integrado de Recaudación (SIR) del entorno de Miguel Rifa e Israel Martínez Marín, (su testaferro) frente a la Hacienda Pública asciende a un total de 58.313.736,38 euros).

A día de hoy se supone que el sumario sigue abierto, aunque no se conoce públicamente ninguna medida cautelar tomada por la Justicia en relación con este asunto y con sus principales imputados que siguen haciendo vida normal en Almería y realizando negocios.


Deuda de Miguel Rifá y su entorno
 a la Hacienda Pública a 12 de marzo de 2012.
(Fuente SVA)



Caso Teatro Auditorio de Roquetas.

El sobrecoste del faraónico Teatro Auditorio de Roquetas de Mar, impulsado por su alcalde Gabriel Amat y su equipo de Gobierno a principios del siglo XXI, es otra de las causas judiciales que lleva años dando vueltas por distintas instancias judiciales almerienses y granadinas. Un proyecto presupuestado en siete millones de euros y que acabó costando un 120% más -16 millones- es el quid de una denuncia judicial de la oposición municipal que quedó, nada más comenzar, embarrancada en un juzgado de Roquetas por parte de su entonces titular, el juez almeriense Luis Durbán Sicilia. Todo a expensas de que el TSJA, a través del Contencioso Administrativo, determinase la legalidad o no de una ampliación presupuestaria digna del Canal de Panamá. Al cabo de siete años, el TSJA acabó dando la razón a los denunciantes, decretando la ilegalidad administrativa en una decisión que se había saltado los informe preceptivos de los técnicos municipales. Desde el pasado año, los denunciantes, agrupados en torno al PSOE, intentan que el juzgado correspondiente reabra las diligencias aparcadas en su día y proceda a investigar las responsabilidades penales si las hubiere en el equipo de gobierno de Gabriel Amat en Roquetas. Y comienza el peloteo nuevamente. Del Juzgado a la Fiscalía y de la Fiscalía al Juzgado. Para colmo, en el contexto de estos últimos meses, ven la luz pública una serie de recibos de la contabilidad "B" de la empresa constructora del teatro, Hispano Almería, que según el PSOE demostrarían el uso fraudulento del dinero público mediante comisiones a los políticos con cargo al presupuesto del Auditorio. Más de un millón de euros se habría documentado en el pago de comisiones supuestamente a "políticos y técnicos municipales de Roquetas". La Jueza encargada del sumario remitió el asunto a la Audiencia y se sigue a la espera de noticias relativas a la reapertura de uno de los casos de sobrecostes más escandaloso en las obras públicas de Andalucía. Fuentes conocedoras del procedimiento aseguran que, a día de hoy, los Autos aún no han llegado a la Audiencia desde el correspondiente juzgado de Roquetas que decidió no investigar más.
En el ámbito político, la diputada de IU, Rosalia Martín, anunció en diciembre pasado que pensaban reclamar la presencia de Gabriel Amat en el Parlamento para que explique el Caso Auditorio.


Caso Fabriquilla, trama Gabriel Amat

Este caso tiene que ver con la especulación de terrenos y la burbuja inmobiliaria. La familia Kaiser era propietaria de los terrenos de una finca en Roquetas de Mar denominada La Fabriquilla. Margarita Kaiser plantea ante el Ayuntamiento para que se incluyan en la renovación del Plan General de Urbanismo dos propuestas de aprovechamiento para fines urbanísticos de parte de un extenso territorio rústico de su propiedad. Recibe una negativa rotunda con lo cual se ven obligados a vender por 450 millones de pesetas La Fabriquilla a la SAT Las Hortichuelas, cuyos socios son el secretario del Consejo Rector de Caja Rural (hoy Cajamar) y el interventor de la oficina de la Caja Rural en Las Hortichuelas.

Llega el día del pleno de Roquetas que debía aprobar la remodelación del PGOU y es cuando el portavoz del PSOE, en la oposición, Juan Fernando Ortega Paniagua, plantea ´in voce´ y ante la sorpresa general precisamente la misma propuesta que hizo en su día Margarita Kaiser y que le fue denegada para la finca que era entonces de su propiedad. Pero en esta ocasión, contra todo pronóstico, el pleno dice que sí a la posibilidad de urbanizar La Fabriquilla.

Pero no acaban aquí las sorpresas para los antiguos propietarios. Conocen que, antes incluso de que el pleno apruebe la propuesta de urbanización, la SAT las Hortichuelas ha logrado un crédito hipotecario con límite de hasta 1.425 millones de pesetas -solo usaron 800- por la finca por la que habían pagado 450. Y algo más: los dos  socios de la SAT montan una empresa a la que traspasan la operación urbanística por la que obtienen un crédito de la Caja Rural/Cajamar de 125 millones de pesetas. En total, antes de que se legalizara el nuevo PGOU de Roquetas, los avispados compradores habían obtenido 925 millones de crédito. Con solo ir a la Notaría habían logrado duplicar su inversión inicial.
En junio de 2011 la Sra. Kaiser, que se considera engañada y estafada, formula denuncia ante la Fiscalía y el asunto, tras idas y venidas a la Fiscalía en Madrid, Almería y Granada, acaba judicializado en el Juzgado Nº 1 de Roquetas donde continua la instrucción lentamente, hasta el punto que ha necesitado un año para localizar al exconcejal de Urbanismo de Roquetas, José María González, hombre de la máxima confianza de Amat, para que declare en calidad de imputado.

Paralelamente, la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT) presentó hace casi dos años una denuncia en la Fiscalía del TSJA sobre lo que denominaron "Trama Amat" y donde, además del caso de la Fabriquilla, se incorporaban  una serie de hechos documentados que tendrían que ver con actuaciones supuestamente irregulares o delictivas del líder del PP almeriense y alcalde de Roquetas . Un auténtico memorándum relacionado con polémicas decisiones del edil que la Fiscalía decidió incorporar al sumario de La Fabriquilla al hallar conectividad entre los presuntos delitos a investigar. Según parece está en estudio abrir pieza separada con la mencionada "trama".

Este caso se halla en fase de instrucción y, según fuentes conocedoras del mismo, la UDYCO está realizando desde junio de 2013 importantes investigaciones al respecto. Por otra parte parece que se sigue a la espera de que la Fiscalía Provincial determine la comparecencia en el procedimiento en calidad de imputado de Gabriel Amat, solicitada por la acusación. El alcalde de Roquetas, a su vez, respondió con una denuncia contra la asociación anticorrupción, denuncia que marcha a buen ritmo en otro juzgado roquetero.


Caso Talones de Medio Ambiente.

En el Juzgado Nº 1 de Almería se investiga desde abril del año 2013 la desaparición de cerca de 300.000 euros de una cuenta de la Delegación de Medio Ambiente de la Junta. Mediante talones al portador, "alguien" estuvo sacando pequeñas cantidades sin que, a estas alturas, la Justicia haya determinado las responsabilidades a que hubiere lugar. Compareció como imputado el ex delegado socialista Clemente García quien argumentó que el robo se había empezado a producir una vez él había abandonado el cargo. De esta forma echaba el balón de la responsabilidad máxima sobre las espaldas de su sucesora, Sonia Rodríguez. La jueza Alejandra Dodero sigue con la causa abierta y, que se sepa, el dinero aún no ha vuelto a las arcas públicas de las que fue robado. Por cierto, de una cuenta bancaria no fiscalizada por la Intervención de la Junta. Ha llamado la atención la tardanza de la entidad bancaria receptora de los talones para aportar al Juzgado la documentación solicitada. Se habla de medio año para cumplir el citado trámite.


Facturas falsas en Turismo de Diputación

Tras remover el PSOE el espinoso asunto del sobrecoste del teatro auditorio de Roquetas por parte de Mario Jiménez, que se trasladó a Almería ex profeso, la respuesta del PP no se hizo esperar judicializando una denuncia por facturas falsas detectadas en el Patronato de Turismo de la Diputación en la época de gobierno del PSOE de Martín Soler y el PAL de Juan Enciso. Cuando descubren las falsas facturas los del PP, había pasado más de un año desde que los populares se hicieron con el gobierno monocolor de la entidad provincial.
El asunto recayó en manos del juez Luis Durbán y, sin duda, ha sido uno de los procedimientos que mayor velocidad de crucero llegó a alcanzar nada más comenzar su instrucción. Volvieron al escenario almeriense las medidas cautelares de prisión que afectaron en esta ocasión al gerente de la Agencia de Viajes Leitour, clave en este embrollo, y también al exvicepresidente socialista Luis Pérez Montoya que se libró de dormir en El Acebuche tras pagar una fianza de 12.000 euros.

La ristra de imputados fue amplia: el ex gerente del Patronato, Francisco Iglesias, socio además de algún dirigente del PP, la ex secretaria del Patronato, Mª Teresa González, las esposas del vicepresidente y del gerente por acompañarles en los viajes defraudados, concretamente a Escocia en 2010, y dos amigos más que también viajaron con ellos. Tras la polvareda levantada en pleno mes de julio del pasado año, el procedimiento se ralentizó y poco o nada se sabe sobre avances en la investigación. Pérez Montoya fue obligado a abandonar el PSOE del que se dio de baja como militante.

Caso Tres Reyes

Hace ahora un año comenzó oficialmente tras la denuncia presentada por un empresario del Poniente, Manuel Rodríguez Lozano, un extraño caso al que la Guardia Civil actuante bautizó como "Caso Tres Reyes" en honor a una famosa película que transcurre en la postguerra de Iraq. Rodríguez presentó ante la Comandancia de la GC una denuncia contra presuntos integrantes del CNI que, supuestamente asesorados por el Abogado del Estado Demetrio Carmona del Barco y otros, le habrían intentado comprar a Rodriguez un cargamento de millones de dinares iraquíes, adquiridos legalmente hace tiempo por el empresario en El Líbano. Amenazas y chantajes eran, entre otros, los delitos que se imputaban a un "capitán" del Ejército, supuesto espía, y a varios de sus más estrechos colaboradores, uno de ellos, Ignacio Flores, oriundo del Levante almeriense y conectado con alguno de los denunciantes.
El asunto recaló en el Juzgado Nº 1 de Almería de la que es titular Alejandra Dodero, quien ordenó escuchas telefónicas sobre las que la Guardia Civil basó prácticamente toda su investigación instructora sobre el caso. Y también sobre lo dicho por denunciantes "invitados a denunciar", los empresarios Estanislao Berruezo y Antonio Subiela, ambos acusados de graves delitos en litigios mantenidos por la familia Carmona del Barco por asuntos económicos en sociedades compartidas en el pasado. Berruezo, por otra parte, ya apareció hace años imputado en la denominada "Operación Lila" en Molina de Segura, Murcia.

La investigación, según se ha ido conociendo después, estaba viciada o contaminada desde el inicio ya que, según consta en Autos, el Abogado del Estado estaba siendo investigado antes incluso de que se presentase denuncia formal contra él a finales de enero de 2013, desconociéndose a día de hoy quién y por qué ordenó esas investigaciones preliminares a finales de 2012 sin mediar entonces denuncia alguna.

También se ha publicado en el diario El Mundo que el Sargento  de la Guardia Civil que ha dirigido la investigación tendría vinculaciones con uno de los denunciantes, Estanislao Berruezo, el mismo agente que en sus informes sobre el caso mantiene desde el minuto uno que los principales encartados son "falsos" agentes del CNI. Pasarían meses hasta que, oficialmente, "La Casa" y el Ministerio de Defensa confirmaran al Juzgado que no eran agentes ni colaboradores del CNI ni tampoco militares en activo.

"En el "Caso Tres Reyes" todo huele a montaje premeditado contra Carmona de sus viejos enemigos y acreedores, usando medios y funcionarios del Estado para ajustarle las cuentas", aseguran quienes defienden al Abogado Jefe del Estado durante 25 años en Almería. Demetrio Carmona fue formalmente cesado solo un día después de que se presentase la primera denuncia por Rodríguez Lozano ante la GC. Fue decisión der la directora general de los Abogados del Estado en Madrid, Marta Silva Lapuerta, hija del ex ministro Federico Silva, sobrina del ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta y ex secretaria del Consejo de Sacyr. Una mujer de la absoluta confianza del ministro de Justicia Ruiz Gallardón, con el que Gabriel Amat  ha confesado mantener una estrecha amistad. Como argumento para su cese se arguyó falta de confianza y, semanas más tarde, el menoscabo a la imagen que debe tener un funcionario público. Todo ello en base a las noticias publicadas en la prensa local tras su detención en abril, según reza en el expediente disciplinario que se le abrió  el mismo día que fue detenido y comunicado meses más tarde.

En el ámbito del proceso judicial viene sorprendiendo que la Juez Instructora no haya respondido "a ninguno" de los diversos escritos elevados por la defensa de Carmona poniendo en evidencia el supuesto montaje al que ha sido sometido su cliente, como también sorprende que, de ser cierto este montaje, se haya permitido jugar con la imagen, el prestigio y manosear el nombre del CNI.
Las diligencias, a día de hoy, continúan embarrancadas y al Abogado del Estado ni siquiera se le ha devuelto el teléfono móvil que le retiraron tras su detención. La Jueza ha decretado el procedimiento abreviado. La Fiscalía no actúa y guarda silencio, aunque últimas noticias filtradas a la agencia Europa Press ¿desde la Fiscalía? anuncian que en su calificación solicitarán penas de prisión para los encausados, que van entre los tres años y once meses a los nueve años por delitos en grado de tentativa. La noticia conocida en las últimas horas ha causado gran impacto en el Abogado del Estado, quien confiesa que "resulta inaudito que se filtre un escrito de calificación sin que el juzgado haya respondido a ninguno de los recursos y pruebas solicitadas en estos meses que demostrarían que he sido víctima de un montaje premeditado. Es evidente -asegura- que alguien ha decidido mi condena sin respetar mi derecho a la defensa y, desde luego, la presunción de mi inocencia".

Caso Hispano Almería.

AMAyT presentó en la Fiscalía del TSJA el 23 de octubre pasado una nueva denuncia para que se investigasen supuestos delitos de financiación ilegal de partidos, falsificación de documentos públicos, cohecho y prevaricación, entre otros delitos a determinar.
La publicación cinco días después por parte del diario El País, el 28 de octubre, de una serie de documentos e investigaciones sobre supuesta financiación ilegal del PP a través de la constructora Hispano Almería S.A., es uno de los asuntos más espinosos y llamativos en el ámbito judicial almeriense con la llegada del nuevo año. La asociación anti corrupción había aportado junto a su breve denuncia abundante y desordenada documentación, más de ocho mil documentos, relacionados con HALSA. La presentaron en Granada ya que, entre la documentación, aparecía el alcalde de La Mojonera, José Cara González, a su vez diputado del PP en el Parlamento de Andalucía y por tanto aforado autonómico. El Sr Cara González, se apuntaba, era socio en otra sociedad de los dueños de la constructora, los señores Miguel Ángel Morales Duarte y Miguel Ángel Morales Carrillo (padre e hijo).

La Fiscalía procedió a una inicial y somera investigación sin que la Agencia Tributaria le aportase documentacin﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽acio como testigo voluntario a Granada, el ex trabajador de HALSA, Francisco Osuna, que aports delitos de financiaciñoón suficiente que demostrase la vinculación societaria entre Cara y los dueños de HALSA. (Poco tiempo después apareció una escritura ante notario por la compra de acciones del diputado Cara, junto a un concejal de Roquetas, en la empresa Gesponiente). La Fiscalía Superior, por tanto, dictó un decreto de remisión para que el asunto se continuase investigando en un Juzgado de Almería que ya entendía previamente del asunto de los documentos de HALSA.

Tras la denuncia de AMAyT en Fiscalía, fue llamado como testigo voluntario a Granada el ex trabajador de HALSA que le había hecho llegar a la asociación gran parte de la documentación aportada. Francisco Osuna Cabrera entregó más papeles y respondió a todas las preguntas que le hicieron los policías de la Unidad Adscrita.

Curiosamente, una hora antes de la comparecencia en Fiscalía en Granada, Osuna Cabrera recibió una llamada en su móvil desde el Juzgado Nº 6 de Almería. Un Oficial le comunicó verbalmente, de parte del Juez Durbán Sicilia, que se presentase de inmediato en el Juzgado, que aportase toda la documentación en su poder y que acudiese con abogado en calidad de imputado, acusado del robo de documentación. La singular imputación telefónica no tuvo efectos inmediatos, Osuna continuó su viaje y acabó compareciendo en Fiscalía.
En efecto, tras un rocambolesco paseo por varios juzgados, las indagaciones periodísticas de El País, habían alertado a los dueños de HALSA de la futura publicidad de su contabilidad B, logrando que se reabriese una antigua denuncia por ellos presentada, archivada después, sobre un supuesto robo de documentación en sus dependencias.

La reapertura del caso del supuesto robo de documentación ha gozado de una gran celeridad en esta nueva fase, activándose declaraciones y diligencias de forma rápida y eficaz.

El decreto de remisión que dictó a principios de 2014 la Fiscalía daba a entender que el asunto debía ser puesto en manos del Juzgado Nº 6, que ya entendía del asunto de los documentos de HALSA. Pero, finalmente fue llevado a reparto recayendo en el juzgado Nº 3, el mismo que investiga la trama del "Caso Rifá". Aunque últimas noticias al respecto apuntan a un nuevo juzgado, el Nº 2, como destinatario final de las diligencias. Este punto no ha podido ser confirmado fehacientemente.

En espera de las primeras diligencias, en este sumario aparecen supuestos pagos a políticos en base a determinadas obras públicas adjudicadas por diversas administraciones, especialmente en Roquetas, Níjar y otros municipios de la provincia. Fundamentalmente en instituciones gobernadas por el PP y, también, en el ayuntamiento de Vícar, gobernado por el PSOE, donde su alcalde, Antonio Bonilla, presidente del PSOE de Almería, ha ordenado crear una comisión de investigación. Medida que se ha negado a poner en marcha el PP en las corporaciones afectadas por esta investigación a petición de la oposición.

Caso reconocimiento de deuda a MCS

Hace unos días, el pasado 22 de enero, la Fiscalía de Almería presentó ante el Decano de los Jueces de Almería, Luis Columna, una denuncia que, meses antes, habían formalizado desde AMAyT ante la Fiscalía Superior de Granada el pasado mes de julio. Una vez más la Diputación de Almería se ponía en la lupa de la Justicia a cuenta de un reconocimiento de deuda, unos 4,7 millones de euros en total, que se habría abonado tras constatarse infinidad de irregularidades administrativas. Lo más llamativo de esta nueva denuncia que se judicializa es que, entre los perceptores de ese importante presupuesto de dinero público, aparecen entidades mercantiles propietarias de diversos medios de comunicación de la provincia de Almería.

En la denuncia de la Fiscalía de Almería se reclama, entre otras diligencias, que se oficie a la Policía Judicial para que investigue y que reciba declaración "como testigo" al Interventor general de la Diputación al respecto de sus informes, fechados en febrero de 2011 y en marzo de 2012 "sobre sendos reconocimientos extrajudiciales de créditos y en concreto sobre las diversas irregularidades que refiere en los mismos".

Los hechos a investigar podrían ser constitutivos de delitos de falsedad en documentos públicos, prevaricación y malversación.

Se trata de facturas emitidas por la anterior corporación provincial, en manos del PSOE y el PAL, facturan que fueron pagadas posteriormente por el gobierno del PP que, estando en la oposición, se opusieron votando en contra al abono de las mismas. (El PSOE nunca reconoció las facturas reclamadas por determinados proveedores, dijeron que por no existir constancia de la contratación).
Según la denuncia de AMAyT, asumida por la Fiscalía, "existirían numerosas facturas derivadas de prestación de servicios que no fueron tramitadas en su momento mediante el pertinente expediente administrativo, facturándose unos servicios sin que conste que fueran solicitados". Facturas que, además, "en diversos casos están conformadas por personal eventual y no por el funcionario responsable".

Caso Gasolineras

De todos los casos de corrupción que arrancan con el año 2014 en Almería, el "Caso Gasolineras" es el menos conocido en tanto que se encuentra a la espera de que sea presentado por la Fiscalía de Almería ante el correspondiente Juzgado.
El pasado 10 de diciembre, el Fiscal del TSJA, Rafael Jover Capilla, emitía un breve Decreto remitiendo a la Fiscalía de Almería el contenido de una denuncia y su abundante documentación presentada en Granada el 19 de Noviembre de 2013.

Se trata de la denuncia de un empresario contra las actuaciones del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Almería, presidido por el Senador Luis Rogelio Rodríguez Comendador. La denuncia concreta la presunta autoría de delitos tipificados como "tráfico de influencias, prevaricación, falsedad y cohecho". De este asunto, el empresario, ha dado también cuenta por escrito a los grupos municipales del PP, PSOE, IU y también a la Subdelegación del Gobierno.

El representante del Ministerio Público en el TSJA, en su Decreto de Remisión, lo hace en base a que "examinada la documentación que acompaña la denuncia, en la que no se hace referencia a ninguna persona aforada de la Comunidad Autónoma de Andalucía (sic), lo que determinaría la competencia de esta Fiscalía Superior (...) la competencia para la valoración de los hechos y las actuaciones en su caso a realizar por el Ministerio Fiscal, corresponden a la Fiscalía de Almería".

Ciertamente, a tenor del contenido de la extensa denuncia, no aparece ningún aforado de la Comunidad Autónoma. Otra cuestión es que el procedimiento judicial en ciernes contemplase algún grado de implicación del alcalde de Almería que, dada su condición de Senador, debería responder ante el Tribunal Supremo.

La denuncia del empresario es extensa y se base en ocho asuntos, expresados en su encabezamiento, que afectan de lleno al Ayuntamiento almeriense, especialmente a su Área de Urbanismo. Los temas denunciados son los siguientes:

1.- Acceso a la Estación de Servicios Hermanos Gosalo"
2.- Centro Deportivo Almadrabillas "Ego Sport Center".
3.-Concesión demanial de la Parcela AA-CA-04.
4.-Estaciones de servicio en Autovía AL-12 Juan Manuel Santiago Gómez.
5.- Estación de Servicios en Autovía AL-12 de Inversol Andalucía S.L.
6.-Financiación obras en Glorieta Autovía AL-12.
7.-Acuerdo Urbanístico Puerta Almeraya y Ayuntamiento de Almería.
8.- Joaquín Conde y financiación del Partido Popular.

La denuncia de 32 páginas, acompañada de abundante documentación, relata pormenorizadamente actuaciones del  equipo municipal del Área de Urbanismo, con su titular político al frente, el concejal Pablo Venzal, según la cual se estaría beneficiando caprichosa y deliberadamente a determinadas mercantiles propiedad o vinculadas casi siempre a los mismos empresarios, la familia Tejera (Construcciones Tejera) o los hermanos Basilio y Antonio Sáez Lozano, este último responsable de Hacienda con Juan Megino de Alcalde y exasesor en 2007-2011 del actual concejal de Urbanismo el popular Pablo Venzal.

Llama poderosamente la atención de esta denuncia el punto octavo, referido al empresario "Joaquín Conde y financiación Partido Popular". Se trata de un documento sonoro, una grabación de unos 23 minutos de duración, donde se escucha con bastante nitidez la narración de un ´modus operandi´ en el supuesto cobro de mordidas y comisiones por parte de destacados políticos de Almería a cambio de las autorizaciones, gestiones, adjudicaciones diversas y también permisos para la instalación de estaciones de servicio. En dichas conversaciones se menciona con nombres, apellidos y cargos a numerosos políticos almerienses y no solo del PP. También, en los documentos aportados, se hace constar que el alcalde Luis Rogelio Rodríguez Comendador no sería ajeno a los tejes y manejes que se estarían produciendo en el Área de Urbanismo del Ayuntamiento que preside. Fuentes de la Fiscalía en Granada aseguraron en su momento que consideraban que todo este rosario de hechos debería llevarse al Juzgado para que se proceda a la investigación pertinente. Se desconoce, a día de hoy, si Fiscalía en Almería ha procedido a remitir las Diligencias 83/2013 de la Fiscalía Superior al Decanato para su reparto e investigación penal. En relación con el caso concreto del sector de gasolineras, fuentes jurídicas aseguran que en breve otro empresario va a proceder a la presentación de otra denuncia, en concreto "una querella criminal", también contra personas del Ayuntamiento de la capital.


Como puede observar el lector, demasiados asuntos judiciales con la corrupción política y económica como denominador común. Unos procedimientos que, a la vista de la demanda de la sociedad española que sitúa este problema en el segundo lugar de sus preocupaciones tras el paro, bien merecen toda la celeridad y rigor de la Administración de Justicia en Almería. Y si faltan medios que se soliciten, de la misma forma que lo ha hecho el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, por ejemplo a la hora de reforzar la labor en el Caso Eres de Mercedes Alaya en Sevilla. Los asuntos que se dilucidan en Almería son tan corruptos como los Eres, UGT, Invercaria, Malaya o Zona Franca de Cádiz. Y si el problema no está en la falta de medios, que el nuevo CGPJ envíe a su Servicio de Inspección y que analice técnica y jurídicamente donde está el problema para que tanta dilación o sesteo procesal continúe en numerosos sumarios contra la corrupción en Almería.

2 comentarios:

solounpoco dijo...

Don José, felicitaciones por el artículo. Siga en la brecha.
Un sólo apunte, es digno de mención don Nicolás Poveda cómo magistrado de cierta relevancia nacional en estos últimos años y que pasó en los noventa por Almería. Relevó, si mal no recuerdo, a Garzón en el Instrucción 3 e instruyó contra la mafia de Juan Ascensión.

Pepe Fernandez dijo...


Tiene Ud razón. Tal y como apunte en el artículo, otros ilustres y conocidos juristas pasaron por Almería. Nicolas Poveda, Trama Juan Asensio, fue uno de ellos, como también Benito Galvez que incluso fue Presidente de la Audiencia Provincial. Cité solo a los más "populares", pero evidentemente no eran los únicos. Un saludo.