sábado, 12 de octubre de 2013

"CASO MARISMAS": AQUÍ ESTÁN LOS DOCUMENTOS



“Mi más sincero reconocimiento a la ética profesional que me ha demostrado el diario digital ANDALUCES por retirar de su portal el artículo "inveraz y despreciable" que me dedicó el lunes Pepe Fernández. Una decisión que compensa bastante el daño tan injusto que he tenido que aguantar”.

Con estas breves líneas escritas en una red social el jueves pasado por José Luis Sánchez Teruel, diputado autonómico y Secretario General del PSOE de Almería, respondía al artículo anterior a este, publicado el pasado lunes 7 en Andaluces Diario y reproducido posteriormente en este blog. 
Breves líneas que han sido la única respuesta pública del político almeriense ante las revelaciones aportadas a propósito de un escándalo de presunta corrupción, judicializado definitivamente en Sevilla en julio pasado y donde él aparece mencionado en varias ocasiones. Se investiga judicialmente en un escenario político y administrativo donde Teruel – el único político en activo de los que protagonizan la historia- tuvo participación como director general de regadíos de la Junta de Andalucía.
Conviene recordar que, previamente, había visto la luz en el contexto del propio artículo -¿inveraz?- todo cuanto dijo Teruel cuando se le preguntó por las acusaciones lanzadas contra él desde la Comunidad de Regantes de las Marismas del Guadalquivir, en su etapa de Director General, en tanto que es uno de los testigos protagonistas en parte de los hechos que se intentan aclarar ahora por la vía penal.
Un artículo periodístico con denuncias sobre presuntas corrupciones con fondos públicos que no le gusta a un político. Normal y previsible. Algo habitual en esta etapa de la democracia en España. Ahí quedó recientemente el ´Caso Bárcenas´ y el comportamiento del PP negándolo todo e incluso mintiendo en sede parlamentaria.
Pero mientras que la opinión y las valoraciones son siempre discutibles, a veces subjetivas y siempre replicables, los documentos dicen lo que dicen, reflejan lo que reflejan y no se los inventa el mensajero.


Las fuentes del artículo.
  
El polémico artículo, para conocimiento de los lectores, se ha basado en las siguientes fuentes documentales:
Documentación que se remite anónimamente desde algún lugar de Sevilla. (No desde Almería, como propagan algunos al calor de la nueva crisis interna desatada hace mes y medio en el PSOE almeriense entorno a su SG, tras las consecuencias políticas de su campaña personal para ser nombrado consejero de la Junta por Susana Díaz). 
Llegan esos papeles tras preguntar en mi muro de Facebook, el 28 de septiembre pasado, por cómo estaba este asunto, apoyado en el hallazgo de un artículo del periodista Pedro de Tena en Libertad Digital, publicado el 6 de junio de 2012 y titulado “Los regantes del Guadalquivir denuncian una trama de comisiones ilegales en la Junta”.
Lo que llega en un sobre blanco, tamaño A4, dejado en la recepción de un hotel a la atención del periodista el 3 de octubre, son fotocopias que se contrastan posteriormente con fuentes oficiales de la Comunidad de Regantes, quienes confirman que se corresponden con las originales.
 También se ha realizado un seguimiento parlamentario del caso a través del Diario de Sesiones del Parlamento de Andalucía, donde queda en evidencia el profundo calado político de este millonario proyecto a medio ejecutar, transcurridos ya ocho años desde su arranque.
Finalmente se incorporaron los testimonios y declaraciones de dos ex directores generales de regadíos de la Junta, citados con sus nombres y apellidos,  siendo actualmente el de Teruel el único con aspiraciones políticas regionales y en activo, opiniones que quedan recogidas convenientemente en el texto periodístico. Uno y otro, Teruel y Francisco Ruiz Orta, ambos almerienses, dejaban clara su versión del asunto. Incluso el propio Teruel declaraba que era “falso” cuanto dicen de él los regantes, negando el haber ejercido "presiones" de ningún tipo en favor de una empresa del Grupo Abengoa, (Befesa).
Entrando al detalle de la documentación base barajada, dada la complejidad del asunto, se optó por seleccionar y dar cuenta de tres documentos  fundamentales: la denuncia ante Fiscalía, de fecha 24 de mayo de 2012, presentada  cuatro días después por los regantes a la Fiscal Jefe de Sevilla, solicitando que se investiguen judicialmente unos hechos que podrían ser constitutivos de diversos delitos.
También lo reflejado en el Diario de Sesiones del Parlamento. La oposición (concretamente Diego Valderas de IU) nombra en el debate, como máximo responsable político de la situación del proyecto en 2009, al hoy jubilado de la política Martín Soler, ex consejero almeriense de Agricultura y jefe directo entonces del Director General de Regadíos, cargo para el que nombró a su paisano Sánchez Teruel.
En tercer lugar se reproduce parte del escrito de fecha 20 de junio de 2012 que el presidente de la comunidad de regantes remite a la Consejería de Agricultura y donde se resumen con detalle los extraños e irregulares avatares que ha sufrido el proyecto, según la versión de quienes se consideran gravemente perjudicados – 900 pequeños agricultores- por la gestión, fiscalización y dirección política de la Junta en el proyecto de mejora de los riegos en su comunidad.


Proyecto al 60% de ejecución.

Mejoras de regadíos que no han llegado todavía. A día de hoy las cosechas se obtienen con los sistemas de riego de toda la vida. Las obras, según los regantes, están ejecutadas solo al 60% y no al 80%, tal y como aseguró en sede parlamentaria, en noviembre de 2009, la entonces consejera Clara Aguilera. Se basaba la recién llegada consejera en un informe técnico que había realizado la empresa DAP, cuyo contenido fundamental quedaría desmentido después por el “Informe Ayesa”, un extenso documento pericial, reiteradamente avalado por la Comunidad en sus escritos como informe riguroso con la verdad y la realidad de la obra ejecutada y certificada.
La denuncia ante Fiscalía a finales de mayo de 2012, tal y como se recogió en el anterior post, tuvo viajes de ida y vuelta judicial entre Utrera y Sevilla. 
Era la segunda denuncia que presentaban los regantes ante la Fiscalía. La primera, registrada el 20 de noviembre de 2009, dos días después de la sesión parlamentaria de referencia, fue archivada por Fiscalía el 26 de febrero de 2010 “por falta de pruebas”.  No obstante, se puede concretar con mayor exactitud y detalle el largo recorrido de catorce meses de la  segunda denuncia.
En el segundo intento, tras “una profunda investigación” en los archivos de la Comunidad de Regantes, la denuncia  está mejor dotada de contenido documental que la primera. Recaló, vía Fiscalía, en el Juzgado Nº 2 de Utrera que, con fecha 4 de diciembre de 2012, seis meses después, dictaba un Auto de inhibición a favor del partido judicial de Sevilla. El Juzgado de Instrucción Nº 16 de Sevilla, a quien fueron turnadas las actuaciones, dictó a su vez Auto el 21 de febrero de 2013 por el que rechazaba la inhibición decretada por el juzgado de Utrera y devolvió las actuaciones nuevamente a su origen.
Finalmente, 15 de abril de 2013, el juzgado de Utrera planteó una cuestión de competencia.
Con fecha 25 de junio de 2013 llegaba la larga polémica competencial a la Audiencia Provincial de Sevilla, fijándose la vista para dos semanas después. El Ministerio Fiscal siguió defendiendo en este punto que el asunto debía seguir tramitándose en Utrera donde ya se habían practicado unas primeras y escuetas diligencias.
El 16 de Julio, la Sección Tercera de la Audiencia, presidida por el magistrado Ángel Márquez, conocido por ser el instructor a principio de los noventa del ´Caso Juan Guerra´, resolvía junto a sus compañeros de Sala, Pilar Llorente y José Manuel Holgado como ponente, que el asunto debía ser investigado en Sevilla, en el juzgado Nº 16. Una decisión, señalaron, “firme” y no recurrible. Definitiva, por tanto.


La OLAF empezó antes

Casualmente ese mismo 16 de julio aterrizaban en Sevilla dos agentes de control de la OLAF, la oficina antifraude de la UE, siendo la funcionaria española María Eugenia Moreno la ´Investigadora responsable´ y el lituano Audrius Poviliunas el ´investigador asociado´, ambos encargados en esta ocasión del control del uso del dinero europeo en las Marismas del Guadalquivir en Sevilla.
La presencia de la inspección de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, obedece a la denuncia correspondiente presentada por la Comunidad de Regantes ante la oficina de la OLAF en Madrid que la remitió a Bruselas. Las obras de mejora de regadíos, proyecto de un coste estimado entorno a los 66 millones de euros, cuenta con el 60% de financiación procedente de diversos fondos europeos.
Conviene también destacar que, según los regantes, además de las denuncias ante Fiscalía, la OLAF y la Junta de Andalucía, habían presentado otras similares ante el Ministerio de Agricultura -las comunidades de regantes dependen de las confederaciones hidrográficas-, organizaciones agrarias, cooperativas, partidos y ayuntamientos del ámbito geográfico de la comunidad.
La inspección de la OLAF duró dos jornadas de trabajo y, según fuentes conocedoras de la misma,  a los inspectores les llamaron la atención varias cuestiones.
Por ejemplo fechas que no encajan con el proceso de licitación y recogida de información a las empresas ofertantes. Tampoco se comprenden los motivos que llevaron a seleccionar cinco de las quince empresas licitantes a las que se les pide un nuevo presupuesto  con criterios no publicitados. Se detectan dos ofertas distintas de la misma empresa y por importes distintos, “esto es una irregularidad fehaciente” aseguran los regantes. Y también aprecian irregularidades en las certificaciones, en las que aparecen apartados con certificaciones negativas. ¿Se estaba destruyendo obra ejecutada en meses anteriores? se preguntaban extrañados en la CR.
También se fijaron los inspectores europeos en la duplicidad de certificaciones con distintos importes y certificaciones con alteración de las cantidades licitadas, una clara irregularidad contractual. Según todas las previsiones, en los próximos meses, ya en 2014, se conocerá el dictamen final de la OLAF respecto de este asunto. En poder de este organismo de la Comisión Europea también está una copia de la denuncia presentada en Fiscalía.
A todo esto conviene recordar que la Junta de Andalucía otorgó las millonarias subvenciones, cierto, y que la CR fue la que licitó y adjudicó la obra. Como también es cierto que todo el proceso estuvo fiscalizado siempre desde la Consejería de Agricultura, desde donde se daba siempre el visto bueno a las discutidas certificaciones de obra.


LOS DOCUMENTOS:


Dada la polémica suscitada, parece oportuno que la opinión pública tenga acceso directo a la documentación barajada y que sean los ciudadanos los que saquen sus propias conclusiones respecto a la veracidad de lo que se ha escrito en ellos por parte de los regantes.
Por tanto, me permito compartir la documentación íntegra en PDF que he utilizado para dicho trabajo.


DEBATE PARLAMENTARIO:

Se celebró el miércoles 18 de noviembre de 2009 en el seno de la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento andaluz, a propuesta de la oposición de IU y PP. En nombre de la coalición de izquierdas intervino el propio Diego Valderas, hoy Vicepresidente de la Junta y en nombre del PP la portavoz de Agricultura, la diputada sevillana Dolores Calderón. Valderas, que exculpó a la recién llegada Clara Aguilera, descargó la responsabilidad política sobre Martín Soler, ex consejero de Agricultura y en aquel momento al frente de la consejería de Innovación. 
En este enlace hallarán el contenido completo de cuanto se dijo ese día en sede parlamentaria.



 LA DENUNCIA:

Aquí  el texto de la segunda denuncia presentada ante la Fiscalía y que supuso el primer paso para la judicialización definitiva del Caso Marismas. En este enlace hallarán el contenido íntegro de la misma.


INFORME A LA JUNTA

La Comunidad de Regantes en un trámite de audiencia, elevó a la Consejería de Agricultura de la Junta  el 22 de junio de 2012, un informe de ocho páginas donde da cuenta con detalle del tortuoso proceso seguido por el proyecto de mejoras de regadíos. En este documento, del que se reproducen dos de sus páginas, entre otros actores aparece el nombre y apellidos del entonces Director General de Regadíos, José Luis Sánchez Teruel al que acusan, entre otras cosas, de “presiones"  a favor y en "connivencia” con la UTE Befesa-Alpi, acusaciones por él desmentidas.


  

LA AUDIENCIA SE PRONUNCIA.

En el enlace siguiente encontrarán la decisión de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla de fecha 16 de julio pasado, donde se resuelve definitivamente la cuestión de competencia judicial planteada por el Juzgado Nº 2 de Utrera. Como consecuencia de esta decisión de la Sala, el sumario queda finalmente en manos del juzgado 16 de Sevilla, cuyo titular es el Magistrado Juan Gutiérrez Casillas, el mismo que investiga el ´Caso Invercaria´.




Susana Díaz informada en julio.

A la vista de las fechas de los documentos, especialmente este último que pone fin, tras catorce meses, al trasiego de la denuncia entre Utrera y Sevilla, se puede confirmar que la Junta de Andalucía tuvo conocimiento como parte del arranque formal y sin litigios jurídicos pendientes de la investigación/instrucción penal. Es difícil, por tanto, que en esas fechas, verano de 2013, la que iba a ser Presidenta de la Junta en breves fechas, Susana Díaz, no tuviese información de la apertura de un nuevo sumario políticamente delicado y socialmente escandaloso ante la presunta volatilización de unos doce millones de euros de dinero público según los regantes. Sobre todo por la multitud de irregularidades denunciadas y la presencia, al menos como testigos, de altos cargos socialistas. Siendo, conviene recordarlo una vez más, José Luis Sánchez Teruel uno de los políticos que aparecen mencionados por los regantes en sus denuncias, el único de los mencionados en activo actualmente. Díaz perfiló y nombró su gobierno en septiembre.
Las declaraciones y decisiones posteriores de la Presidenta Díaz en materia de anticorrupción y a favor de la transparencia en la gestión pública, avalan la tesis defendida en mi anterior artículo de que este sumario pudo ser una de las causas, no la única, por las que no fue nombrado  el almeriense Sánchez Teruel como consejero en su primer gobierno.


Teruel ´levanta´ un artículo. 

Efectivamente, tal y como anunció urbi et orbe Sánchez Teruel en las redes sociales, la dirección del periódico digital www.andalucesdiario.es, tomó la decisión de “levantar” unilateralmente mi artículo, una vez publicado, a petición telefónica del político socialista almeriense. Todo ello sin comunicación previa al autor que se entera del atropello profesional a través de la red social.
Que un político supuestamente demócrata, con razón o sin ella, se permita y encima se vanaglorie públicamente de haber logrado tal proeza censora en un medio de comunicación, es una valoración que dejo a criterio del lector y de los ciudadanos en general.
Defiendo, como no podía ser de otra forma, que el responsable de cualquier medio de comunicación tiene perfecto derecho a decidir sobre una información, para eso es el director. El mismo derecho que tiene el periodista para dejar de colaborar con un periódico cuya dirección actúa de esta forma. 
Personalmente lo encajo como una anécdota profesional más. Dura, sí, pero anécdota al fin y al cabo en casi cuarenta años de oficio. Por eso mismo recomiendo que sigan leyendo el periódico Andaluces Diario donde hay un plantel de jóvenes y buenos periodistas, además de excelentes opinadores. 
Servidor, de momento, seguiré publicando en este blog, donde a ningún político se le permite censura de ninguna clase y a la hemeroteca del mismo en estos años me remito. En todo caso ahí está habilitado, como siempre, el sistema de comentarios para quien desee opinar, comentar, rectificar o criticar. Eso sí, siempre dando la cara.

Lo importante, ahora, en el "Caso Marismas" es que la Justicia a través del riguroso Juez Gutierrez Casillas actúe con medios suficientes, que con celeridad se investigue a fondo y, llegado el caso, se recupere el mucho o poco dinero público que pueda haberse perdido entre los fangos y lodos marismeños. Y, desde luego, que se concluya la obra, inservible ahora mismo, para mejorar de una vez la rentabilidad de casi trece mil hectáreas de cultivos propiedad de unas 900 familias sevillanas, pequeños y medianos agricultores que viven de la tierra y sus cosechas en las Marismas del Guadalquivir.




Nueva respuesta del SG del PSOE de Almería:

Reacción de José L. Sánchez Teruel a los quince minutos de colgar este artículo:







6 comentarios:

Luis Cordales Martínez dijo...

Pepe, felicidades por tu artículo y por tomarte tan deportívamente la censura.
La verdad, creo que José Luis ha estado desacertado al pensar que matando al mensajero o borrando lo que se escriba sobre él va a mejorar su situación.
Está claro que en los documentos lo que pruebas es que hay gente que lo acusa de estar en medio de irregularidades, no de que esas acusaciones sean ciertas, pero su afán, no por aclarar la verdad, sino por borrar tu artículo no hará sino que sobre él caiga aún más la sombra de la duda. Su escrito en Facebook me alarmó. ¿Se vanagloriaba de haber ejercido presión para conseguir una censura?
Mucho me temo que para José Luis ha empezado la cuenta atrás y mientras esté él de secretario general el PSOE tiene uno o dos problemas. El primero por torpe y el segundo porque a lo peor a esa torpeza lo ha llevado una noticia que puede ser o no verdad pero su respuesta nos hace sospechar que sí.
Ánimo y seguiremos tu blog para sortear la censura. Te guardo en favoritos como Pepe Pirenaico. ;-)

Pepe Fernandez dijo...

Estimado Luis:

Lo de "matar" y amenazar al mensajero, desgraciadamente, se ha convertido en moneda común entre ciertos políticos que tienen como bandera un modelo caciquil de funcionar.
En este caso concreto creo que el problema radica en que en el PSOE de Almeria todo cambió para que todo siguiese igual. Es más, aseguran en la dirección regional del PSOE, que el mismo ideólogo que tuvo el denominado Clan de Cuevas, los que mandaban antes con M. Soler al frente, es el que asesora e ilumina al nuevo SG.
El problema, como bien dices, no es que un periodista se haga eco de un hecho relevante como es la apertura de una investigación judicial por presunta corrupción, el problema es no dar explicaciones a la ciudadanía sobre un hecho que interesa a la sociedad en general y a 900 familias de agricultores que se consideran engañados y perjudicados, con mucho dinero público de por medio.
¿Lo de la censura?, insisto en que me parece anecdótico.
Creo que fue don Miguel de Unamuno quien dejó dicho que si nos parásemos cada vez que un perro nos ladra, nunca llegaríamos a ningún sitio.
Un saludo y gracias por tu comentario.
P.F.

Concepción dijo...

Artículo 20 de la Constitución Española:

1. Se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.

J. Vargas dijo...

Desgraciadamente, en Andalucía -y por ende en la mayoría de nuestras CC.AA.- hace mucho tiempo que se instaló la pseudodemocracia. Caciques ataviados con trajes que simulan la pluralidad política campan a sus anchas, amenazantes.
Sus tentáculos atrapan a la mayoría, mitad agradecida, mitad temerosa, mientras que los medios de comunicación, extasiados ante opulentas dádivas, callan.
Son pocos los periodistas íntegros, capaces de llamar por su nombre a estos reptiles de la denostada política española, pero basta sus afanosas y valientes incursiones en las heridas de los corruptos que me inclinan por el apoyo total a esos comunicadores de la verdad, pese a quién pese, y a pesar de las posibles hostilidades laborales a las que se pueden ver sometidos.
Mi enhorabuena por tu labor.

Ernesto López de Rueda Cossío dijo...

Felicitarte por tu trabajo, Pepe. Es ni mas ni menos lo que se demanda a un periodista: investigar, documentar y denunciar aquello que no funciona bien a través de la información y/o de la opinión (entre otras cosas). Siempre habrá gente a la que no guste, pero siempre habrá que seguir.
Un abrazo

Pepe Fernandez dijo...

Gracias Ernesto. No tiene gran mérito, creo que es cumplir con la función de un periodista. Aunque haya gente a la que le incomode.
Por cierto, aprovecho para dejar constancia que el pasado viernes 7 de febrero de 2014, el PP-A se ha personado en la Causa abierta para aclarar las responsabilidades penales en este asunto en el Juzgado Nº 16 de Sevilla.
Un saludo.