ROQUETAS

Partiendo de la premisa de que las sentencias de los tribunales hay que acatarlas y cumplirlas, la emitida esta semana por el TSJA ordenando el cierre del centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar por carecer de permisos de la Junta, ha llenado de preocupación y desazón a la población roquetera. También a su alcalde, Gabriel Amat, presidente del PP de Almería y al que desde el PSOE e IU se le intenta arrojar el dictamen de los jueces de Granada en forma de arma de desgaste electoral, haciéndole responsable político de la ilegalidad. El propio presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha sembrado personalmente la alarma entre los casi tres mil trabajadores que dependen directamente del centro declarado ilegal, anunciando públicamente que, o cierra el alcalde el Gran Plaza o lo hará él, o sea la Junta, en el plazo de dos meses. El mensaje de Manuel Chaves no puede ser más claro y tajante: los regalos de Reyes ya no se podrán comprar allí. A mediados de diciembre quedará clausurado por la Junta el concurrido centro comercial de Roquetas.

No ha contado el presidente a la hora de anunciar su particular calendario para el cierre con otra decisión judicial que está por llegar y que, si admitiese los argumentos de los promotores del recurso, podría dejar si validez la sentencia conocida hace unos días. Los jueces del Contencioso deben dictaminar sobre un espinoso asunto en el que, rascando, rascando, podría interpretarse como un claro ejemplo de utilización de la Ley con fines políticos y partidistas. Los togados tienen que analizar si la Junta actuó con criterio de legalidad cuando planteó que el centro se debía construir en el termino de Vícar ( PSOE) con unos 19.000 habitantes, y no en Roquetas (PP) con 80.000 habitantes, debido a tener superada su densidad comercial.

La incertidumbre este fin de semana ha llegado a miles de familias que tienen vinculación laboral con el Gran Plaza. También a los comerciantes allí instalados que no entienden como nunca la Junta recurrió sus licencias concedidas por el Ayuntamiento en estos años. Hasta los sindicatos han empezado a ponerse en pié de guerra ante una dura decisión judicial que afecta, directamente, a la estabilidad en el empleo de miles de trabajadores directos e indirectos.

El presidente de la Junta, que ha querido mostrarse ejemplar en el cumplimiento de esta sentencia dando dos meses de plazo al ayuntamiento, habrá manejado sin duda las soluciones alternativas que su administración pondrá en marcha el día después del cierre en diciembre. Unas soluciones que seguramente llegarán antes de que el pueblo de Roquetas se manifieste ante San Telmo para demandarlas. En cualquier caso, se mire como se mire, lo de Roquetas es un problema y parece que grave.

CHAVES VETA A LOS “PRESUNTOS”

La pasada semana los empresarios más importantes de Málaga y Marbella recibieron una invitación oficial del Presidente de la Junta, Manuel Chaves, para que acudiesen el pasado viernes a la inauguración del denominado Centro de Apoyo Empresarial de Marbella. Tres días antes del acto, desde la Junta, se realizó una ronda de llamadas telefónicas para confirmar la asistencia de los empresarios convocados a través del correo ordinario.

Uno de los empresarios que recibe la invitación y la llamada de confirmación es el dueño del Centro Comercial La Cañada, Tomas Olivo, uno de los implicados en la Operación Malaya bajo fianza de medio millón impuesta por el juez Torres. Olivo atendió la llamada de la Junta y confirmó su asistencia al acto del viernes, de la misma forma que en estos últimos meses ha acudido a varias invitaciones marbellíes del consejero de Turismo y candidato a la alcaldía Paulino Plata. Horas después de que Tomas Olivo confirmase su asistencia, junto a su director general de expansión, una nueva llamada de la Junta le indica sin mayores explicaciones que no está invitado y que por tanto se abstenga de acudir al acto del presidente. Una delicada decisión de la Junta de Andalucía que, con su veto a un empresario bajo sospecha judicial, aplica una cuota de presunta culpabilidad a quien no ha sido todavía ni juzgado ni condenado.

SISMOGRAMAS

Uno. Los ponentes del Estatuto ponen un rejón legal a la Tauromaquia. La izquierda ha rechazado una propuesta del PP para que la Fiesta de los Toros sea considerada una identidad cultural andaluza como el Flamenco.

Dos. Teoría de los espejos contrapuestos según Alfonso Guerra en el Estatuto: el PSOE-A y el PP en Madrid, frente al PP-A y el PSOE y Zapatero.

Tres. El PSOE de El Ejido denuncia que la empresa municipal ELSUR de cobrar 572 Euros por poner una bombilla.

Cuatro. Preocupación entorno a Paulino Plata por los efectos colaterales en Marbella del cierre del centro Gran Plaza en Roquetas, de la misma cadena que La Cañada.